El principio dispositivo frente la prueba de oficio en los procesos contenciosos administrativos
The dispositive principle versus official evidence in administrative litigation processes
DOI:
https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2921Palabras clave:
jurisdicción, contencioso administrativo, principio dispositivo, prueba de oficio, equidad, justiciaResumen
La jurisdicción contencioso administrativa permite a los ciudadanos reclamar ante tribunales especializados cuando consideran que se ha aplicado indebidamente una ley administrativa. Estos tribunales revisan si la administración pública ha violado derechos y, de ser así, pueden declarar la nulidad o revocar el acto impugnado, asegurando justicia y protección de derechos. El principio dispositivo concede a las partes la facultad de iniciar y dirigir el proceso, y la responsabilidad de presentar pruebas. Por otro lado, la prueba de oficio, según el COGEP, autoriza al juez a intervenir y recopilar evidencia por iniciativa propia. En el contexto del proceso contencioso administrativo, esta dinámica se adapta para proteger al administrado frente al poder desproporcionado de la administración pública. La contradicción surge en equilibrar la autonomía de las partes con la intervención del juez. Un exceso de pruebas de oficio puede afectar la equidad, mientras que la falta de intervención puede resultar en injusticias si se omiten pruebas relevantes. Encontrar el equilibrio adecuado entre estos principios es crucial para garantizar un proceso justo. Esta investigación es relevante para entender cómo armonizar el principio dispositivo y la prueba de oficio, mejorando así la justicia, equidad y eficiencia en la resolución de conflictos administrativos.
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