Estudio jurídico y doctrinario del art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
Amendment to art.7 of the organic law of jurisdictional guarantees and constitutional control
DOI:
https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2128Palabras clave:
derecho constitucional, procesal constitucional, restitución de derechos, garantías jurisdiccionales, control constitucionalResumen
La administración de justicia en Ecuador, en estos años de profusa actividad jurisdiccional-jurisprudencial, ha logrado un despunte en razón de la cantidad de resoluciones y sentencias emitidas, en la delicada tarea de cumplir con el mandato legal de tutelar derechos y garantías en los habitantes de este país, la administración de justicia. Aquello ha significado el agrado de todo el conglomerado que activa una garantía jurisdiccional; no obstante, dentro de este conjunto de actividades judiciales, las garantías jurisdiccionales han sido parte de esta amplia estadística resolutiva, incluyendo los términos y plazos para el conocimiento, trámite, resolución y ejecución que merecen este tipo de demandas y procedimientos, situación que en la realidad y en la práctica, dilatan y retardan el debido trato que merecen estos procesos, aspecto que sucede por cuanto en nuestro sistema judicial, no existen jueces y juezas especializados en garantías jurisdiccionales y derechos humanos, lo cual es óbice a que los principios de eficacia, inmediatez y celeridad que deben tener los procesos constitucionales o de garantías jurisdiccionales. La presente investigación, logró establecer un estudio jurídico y doctrinario del artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya que a través de la utilización de métodos de investigación analítico-sintético, y dogmático, se expresará la importancia de reformar este artículo e implementar juzgadores exclusivos y especializados en materia de garantías jurisdiccionales. Asimismo, se otorgará un resultado trascendental, que revela una necesidad antes que un simple trámite administrativo-político, esto es, contar con jueces y juezas especializados en garantías jurisdiccionales.
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