DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.33=
72
El control de legalidad de la
jurisdicción contenciosa administrativa en el sistema dispositivo del
Ecuador
The control of legality of the administrative contentious jurisdicti=
on
in the disposal system of Ecuador
Raisa Marina Cedeño Loor
raisa.cedeno@utm.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-9459-747
Universidad
Técnica de Manabí
Portoviejo R=
11;
Ecuador
Artículo recibido: 15 de enero de 2025.=
Aceptado
para publicación: día mes 2025.
Conflictos de
Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El
estudio se centra en el control de legalidad en la jurisdicción
contencioso administrativa dentro del sistema dispositivo ecuatoriano. La i=
nvestigación
destaca la participación activa de las partes como elemento fundamen=
tal,
facilitando el acceso a la justicia y mejorando la eficacia del control de
legalidad. Se abordan desafíos como estrategias dilatorias y asimetr=
ías
en recursos, y se analiza la distinción entre el control judicial y
administrativo. La metodología incluye un análisis exhaustivo=
de
casos ilustrativos y la revisión de la doctrina internacional. Los
hallazgos resaltan la efectividad del sistema dispositivo, pero seña=
lan
áreas de mejora. En conclusión, la investigación subra=
ya
la importancia de la participación activa de las partes, identifica
desafíos y sugiere la necesidad de estrategias para optimizar el con=
trol
de legalidad en la jurisdicción contencioso administrativa ecuatoria=
na.
Palabras clave: sistema dispositivo, control de legali=
dad,
jurisdicción contencioso administrativa, participación de las
partes, administración pública
Abstract
The study focuses on the control of legality in the contentious admi=
nistrative
jurisdiction within the Ecuadorian dispositive system. The research highlig=
hts
the active participation of the parties as a fundamental element, facilitat=
ing
access to justice and improving the effectiveness of legality control.
Challenges such as delaying strategies and asymmetries in resources are
addressed, and the distinction between judicial and administrative control =
is
analyzed. The methodology includes an exhaustive analysis of illustrative c=
ases
and the review of international doctrine. The findings highlight the
effectiveness of the device system, but point to areas for improvement. In
conclusion, the research highlights the importance of the active participat=
ion
of the parties, identifies challenges and suggests the need for strategies =
to
optimize legality control in the Ecuadorian administrative litigation
jurisdiction.
Keywords: dispositive
system, legality control, contentious administrative jurisdiction,
participation of the parties, public administration.
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Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en es=
te
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Cómo citar: C=
edeño
Loor, R. M. (2025). El control de legalidad de la jurisdicción
contenciosa administrativa en el sistema dispositivo del Ecuador. LATAM Revista Latinoamericana de Cienc=
ias
Sociales y Humanidades 6 (1), 696 – 709. https://doi.org/10.56712/
INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa ecuatoriana, se manifiesta una dinámica
jurídica sui generis que exige un análisis pormenorizado y
exhaustivo. El presente artículo científico, titulado "El
Control de Legalidad en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa b=
ajo
el Sistema Dispositivo Ecuatoriano", se propone abordar esta complejid=
ad
mediante un examen crítico y reflexivo de los elementos que caracter=
izan
el control de legalidad dentro de dicha jurisdicción, con especial
énfasis en el contexto del sistema dispositivo.
La jurisdicción contencioso-administrat=
iva
se erige como un pilar fundamental en la tutela efectiva de los derechos
subjetivos de los administrados frente a las actuaciones de la
Administración Pública. En este marco, el control de legalidad
emerge como un mecanismo crucial para verificar la conformidad de los actos
administrativos con el ordenamiento jurídico, garantizando así=
; el
principio de juridicidad y la legitimidad de las actuaciones administrativa=
s.
No obstante, el sistema dispositivo, que rige los procedimientos judiciales,
introduce particularidades que requieren un escrutinio meticuloso en cuanto=
a
la delimitación del objeto litigioso y la carga de la prueba.
El objetivo principal de esta investigaci&oacu=
te;n
es proporcionar una comprensión profunda sobre la articulació=
n y
aplicación del control de legalidad en el ámbito de la jurisd=
icción
contencioso-administrativa ecuatoriana, considerando las especificidades del
sistema dispositivo. El estudio se propone desentrañar las
características esenciales de este control, poniendo de relieve la
influencia directa del principio dispositivo en su implementación y
resultados, así como su interacción con los recursos
contencioso-administrativos de plena jurisdicción o subjetivo y de
anulación u objetivo.
La metodología empleada para este
análisis se fundamenta en una revisión exhaustiva del marco
normativo pertinente, incluyendo el Código Orgánico General de
Procesos, el Código Orgánico Administrativo y la jurisprudenc=
ia
relevante de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la C=
orte
Nacional de Justicia, debido a que, este artículo no solo pretende
identificar los desafíos y áreas de mejora en el control de
legalidad, sino también proporcionar un sustento teórico y
práctico para reflexiones más amplias sobre la eficacia y tra=
nsparencia
de la administración de justicia en el ámbito administrativo
ecuatoriano.
Al profundizar en esta temática, se bus=
ca
contribuir al debate académico y ofrecer perspectivas que incidan
positivamente en el desarrollo y fortalecimiento del sistema
jurídico-administrativo del país, considerando la interacci&o=
acute;n
entre el principio de legalidad, el interés general y la imparcialid=
ad
en la actuación administrativa, por ello, la trascendencia de este
artículo radica en su contribución sustancial a la
comprensión y perfeccionamiento de un componente medular del sistema
jurídico-administrativo ecuatoriano. En un contexto donde la eficaci=
a de
los mecanismos de control de legalidad y la dinámica de la
jurisdicción contencioso-administrativa son factores cruciales para =
la
salvaguarda de los derechos de los administrados, esta investigación
asume un papel preponderante al abordar y analizar estas complejas
interrelaciones.
Además, la investigación aporta
claridad y profundidad al entendimiento del control de legalidad en la
jurisdicción contencioso-administrativa, identificando las variables=
y
factores que configuran esta dinámica. Al dilucidar cómo se
materializa este control y cómo interactúa con el principio
dispositivo, se proporciona un marco conceptual que puede servir de referen=
cia
no solo para la doctrina, sino también para los operadores
jurídicos y los órganos jurisdiccionales.
La exploración pormenorizada del princi=
pio
dispositivo, con su énfasis en la iniciativa de las partes procesale=
s,
permite comprender cómo esta dinámica particular puede incidi=
r en
el decurso de los procedimientos judiciales y, por ende, en la eficacia del
control de legalidad. Este análisis es esencial para identificar
posibles áreas de mejora en los procesos judiciales, promoviendo una
mayor transparencia y eficiencia en la administración de justicia
administrativa.
Además, la investigación contrib=
uye
al fortalecimiento del sistema judicial-administrativo ecuatoriano al ofrec=
er
perspectivas críticas sobre las relaciones entre los sujetos procesa=
les
involucrados en la jurisdicción contencioso-administrativa. Al enten=
der
cómo las partes asumen roles activos en virtud del principio
dispositivo, se pueden desarrollar recomendaciones que mejoren la equidad y=
la
justicia en estos procesos, asegurando un acceso efectivo a la tutela judic=
ial y
una protección adecuada de los derechos fundamentales.
La relevancia de este artículo
científico trasciende los límites académicos, ya que s=
us
hallazgos pueden tener implicaciones directas en la formulación de
políticas públicas y prácticas judiciales. Al contribu=
ir
con una comprensión más profunda de la interacción ent=
re
el control de legalidad, la jurisdicción contencioso-administrativa =
y el
principio dispositivo, la investigación se erige como una herramienta
valiosa para la toma de decisiones informadas, con el potencial de fortalec=
er
la integridad y eficacia del sistema jurídico-administrativo en Ecua=
dor.
Los antecedentes que fundamentan esta
investigación se constituyen como elementos esenciales para
contextualizar y comprender la necesidad de abordar esta temática de
manera específica y detallada.
En el ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa en Ecuador, se ha observado un creciente
interés y preocupación por la forma en que se ejerce el contr=
ol
de legalidad sobre los actos administrativos. Este interés se nutre =
de
un contexto jurídico y social en constante evolución, donde la
Administración Pública desempeña un papel crucial en la
vida de los administrados y, por ende, la efectividad de los mecanismos de
control se convierte en un factor determinante para garantizar el respeto al
principio de juridicidad y los derechos subjetivos de los particulares.
DESARROLLO
Para abordar adecuadamente este tema, resulta
crucial examinar las diversas corrientes doctrinales y normativas que delin=
ean
los fundamentos y principios rectores de la jurisdicción
contencioso-administrativa, así como su relación con el contr=
ol
de legalidad y el sistema dispositivo (Chiluisa,
Paredes, & Paredes, 2023). En este sentido, es esencial contextualizar =
este
análisis en la teoría general del derecho administrativo,
explorando los postulados clásicos y contemporáneos que defin=
en
la relación entre la Administración Pública y el
administrado (Torres, 2020).
La Teoría General del Derecho
Administrativo constituye un campo esencial en el estudio del ordenamiento
jurídico, delineando los principios que rigen la actuación de=
la
Administración Pública y su interacción con los
administrados. Tanto en la doctrina clásica como en la contempor&aac=
ute;nea,
la relación entre la Administración y el administrado ha sido
objeto de análisis profundo, revelando postulados fundamentales que
definen la dinámica de esta conexión.
En los postulados clásicos, destacados
juristas como García de Enterría y Garrido Falla delinearon
principios que influyeron en la construcción de la Teoría Gen=
eral
del Derecho Administrativo. García de Enterría, en su obra
"Curso de Derecho Administrativo", introdujo la noción del
interés general como base de la acción administrativa,
señalando que la Administración debe actuar en concordancia c=
on
el principio de legalidad. Garrido Falla, por su parte, propuso la
teoría del servicio público, concebida como un medio para
satisfacer las necesidades colectivas, y sirvió de base para la
estructuración del sistema administrativo.
La evolución del Derecho Administrativo=
ha
traído consigo nuevos enfoques y adaptaciones a la complejidad de las
sociedades modernas. En la contemporaneidad, teóricos como Cassagne y Parejo Alfonso han resaltado la necesidad =
de
conciliar la eficacia administrativa con la protección de los derech=
os
fundamentales de los administrados. Cassagne, e=
n su
obra "Derecho Administrativo", aboga por una Administración
orientada a la satisfacción del interés público, pero =
con
pleno respeto a los derechos subjetivos de los particulares.
Un componente fundamental de este marco
teórico es la consideración de la jurisprudencia relevante, q=
ue
permitirá identificar cómo los tribunales ecuatorianos han
interpretado y aplicado el control de legalidad en casos concretos de la ju=
risdicción
contencioso-administrativa. Asimismo, se explorarán las tendencias y
evoluciones en la interpretación judicial de este concepto, ofrecien=
do
una visión dinámica y actualizada (Valverde & Paredes, 20=
23).
En este contexto, se destacan principios recto=
res
que han perdurado en la Teoría General del Derecho Administrativo. El
principio de legalidad, como pilar fundamental, establece que la
Administración Pública sólo puede actuar dentro de los
límites establecidos por el ordenamiento jurídico. El princip=
io
de igualdad, derivado del principio de justicia, impone tratar a todos los
administrados de manera equitativa y sin discriminación. El principi=
o de
imparcialidad, vinculado al concepto de neutralidad, exige que la
Administración actúe de manera objetiva y sin prejuicios.
La Teoría General del Derecho
Administrativo contemporáneo subraya la importancia de garantizar los
derechos del administrado frente a la Administración. La tutela judi=
cial
efectiva emerge como un principio esencial, permitiendo a los particulares
impugnar actos administrativos ante órganos jurisdiccionales
independientes. Además, los principios de transparencia y
participación ciudadana se erigen como mecanismos para fortalecer la
legitimidad de la acción administrativa, propiciando una mayor apert=
ura
y control.
En el contexto actual, la complejidad de la
sociedad y la rapidez de los cambios plantean desafíos para la
Teoría General del Derecho Administrativo, por ello, la
adaptación a nuevas tecnologías, la gestión eficiente =
de
recursos y la protección de derechos en entornos digitales son
cuestiones que requieren una reflexión profunda y actualizació=
;n
normativa.
Bajo esa perspectiva, el principio dispositivo=
se
erige como un pilar esencial en el marco teórico del control de lega=
lidad
en la jurisdicción contencioso-administrativa, añadiendo una
dimensión compleja a la interacción entre las partes procesal=
es.
En este contexto, se destaca la relevancia de las partes como actores
fundamentales en el proceso judicial, lo que impacta significativamente en =
la
dinámica del control de legalidad.
En el sistema dispositivo, la iniciativa proce=
sal
recae primordialmente en las partes procesales, otorgándoles un papel
protagónico en la configuración del litigio
contencioso-administrativo. Esta dinámica modifica la tradicional
posición pasiva de los administrados en el proceso,
permitiéndoles no solo impugnar la actuación administrativa, =
sino
también ser artífices activos del procedimiento jurisdicciona=
l.
La facultad de las partes para influir en la determinación de los
hechos, los fundamentos jurídicos y la estrategia procesal introduce=
una
complejidad adicional al control de legalidad, ya que la valoración =
de
los hechos y la aplicación del ordenamiento jurídico dependen=
, en
gran medida, de las actuaciones procesales de las partes.
En este contexto, el onus=
probandi adquiere una relevancia significativa. Al recaer sobre las partes =
la
carga de aportar medios probatorios y argumentos jurídicos, se plant=
ea
un desafío adicional en la construcción de pretensiones
sólidas para sustentar alegaciones de ilegalidad de los actos
administrativos. Esta distribución de la carga probatoria impulsa a =
las
partes a desarrollar estrategias procesales efectivas, destacando la
importancia de una preparación meticulosa y una fundamentación
jurídica robusta para respaldar sus pretensiones.
La eficacia del control de legalidad en la
jurisdicción contencioso-administrativa se ve, por tanto, influencia=
da
por la capacidad de las partes para ejercer su iniciativa procesal y gestio=
nar
la carga probatoria de manera eficiente. Este enfoque dinámico puede
generar un escenario en el cual la calidad de la defensa técnica y la
pericia de las partes pueden tener un impacto directo en la tutela judicial
efectiva.
Desde una perspectiva de derecho comparado, la
teoría del sistema dispositivo encuentra resonancia en diversos
ordenamientos jurídicos. En países con tradición
jurídica similar, como algunos de la Europa continental, se observa =
un énfasis
en la participación activa de las partes en el proceso
contencioso-administrativo. La jurisprudencia y la doctrina comparada
proporcionan valiosas perspectivas sobre cómo diferentes jurisdiccio=
nes
abordan los retos asociados con el principio dispositivo, identificando tan=
to
las fortalezas como las posibles debilidades de este enfoque.
La riqueza de la doctrina comparada ofrece una
oportunidad para enriquecer la perspectiva teórica del control de
legalidad en la jurisdicción contencioso-administrativa. Al examinar=
las
diversas aproximaciones y mejores prácticas adoptadas en sistemas
judiciales análogos, se puede obtener una comprensión m&aacut=
e;s
completa de los desafíos inherentes y de las estrategias exitosas pa=
ra
optimizar la eficacia del control de legalidad en un marco jurídico
basado en el principio dispositivo. En última instancia, este
análisis contribuye a la construcción de un sistema de justic=
ia
administrativa más garantista y eficiente, en consonancia con los
principios del Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva.
Principio Dispo=
sitivo
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano=
, el
principio dispositivo se erige como un pilar fundamental que estructura la
dinámica procesal y establece las bases para la participación
activa de las partes en el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionale=
s.
Este principio, consagrado en el artículo 19 del Código
Orgánico de la Función Judicial, confiere a los sujetos
procesales un papel protagónico, definiendo su facultad para instar,
impulsar y dirigir el curso de los litigios.
Bajo el principio dispositivo, las partes en un
proceso contencioso-administrativo son las encargadas de iniciar y configur=
ar
la acción, marcando una diferencia significativa con sistemas
inquisitivos donde la iniciativa procesal recae en el órgano
jurisdiccional. En Ecuador, esta autonomía procesal de las partes se
refleja en la posibilidad de que ellas determinen la pretensión,
formulen los fundamentos de hecho y de derecho, aporten medios probatorios y
orienten la estrategia procesal.
Este enfoque descentralizado implica que el
En el contexto ecuatoriano, el principio
dispositivo no solo influye en la fase de inicio del proceso, sino que
también marca la pauta para la terminación anormal del proces=
o,
como la conciliación o el desistimiento, según lo establecido=
en
los artículos 233 y siguientes del Código Orgánico Gen=
eral
de Procesos. La posibilidad de que las partes acuerden soluciones consensua=
das,
respetando, por supuesto, los límites legales y derechos fundamental=
es,
refleja la flexibilidad y adaptabilidad del sistema.
Es relevante destacar que, si bien el principio dispositivo confiere a las partes un papel activo en el proceso, el órgano jurisdiccional mantiene la función de garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a la ley y los principios fundamentale= s de justicia. La judicatura ecuatoriana actúa como árbitro imparc= ial, asegurando que las partes respeten las normativas legales y los derechos involucrados, en consonancia con el principio de tutela judicial efectiva c= onsagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República.<= o:p>
En el ámbito contencioso-administrativo=
, el
principio dispositivo se manifiesta en la facultad de los administrados para
impugnar los actos administrativos que consideren lesivos a sus derechos su=
bjetivos,
conforme al artículo 326 del Código Orgánico General de
Procesos. Este principio se complementa con el principio de oficiosidad pro=
pio
del Derecho Administrativo, creando un equilibrio entre la iniciativa de las
partes y la facultad del juez para garantizar la legalidad de la
actuación administrativa.
En base a lo expuesto, se devela que el princi=
pio
dispositivo en el sistema jurídico ecuatoriano constituye un elemento
esencial que otorga a las partes una participación activa y determin=
ante
en los procesos judiciales. Esta dinámica busca no solo agilizar la
administración de justicia, sino también promover un sistema
más transparente y accesible, donde las partes tienen la capacidad de
influir directamente en la configuración y resolución de sus =
controversias,
siempre dentro del marco del Estado de Derecho y el respeto a los principios
fundamentales del ordenamiento jurídico.
Control de
legalidad
El control de legalidad, en el contexto del
ordenamiento jurídico ecuatoriano, se erige como un principio
fundamental que garantiza la conformidad de la actuación administrat=
iva
con el bloque de legalidad. Este mecanismo de control implica una
revisión exhaustiva de los actos administrativos para asegurar su
adecuación al marco normativo vigente, incluyendo la
Constitución, leyes orgánicas y ordinarias, reglamentos y
demás normas que integran el sistema jurídico. Su naturaleza =
es
tanto preventiva como correctiva, buscando evitar la emisión de actos
administrativos viciados y subsanar aquellos que ya han sido dictados, con =
el
fin último de salvaguardar el Estado de Derecho y tutelar los derech=
os
subjetivos de los administrados.
El alcance del control de legalidad no se limi=
ta a
evaluar la mera adecuación formal de los actos administrativos a la
normativa, sino que se extiende a examinar su sustancia y finalidad. En este
sentido, se persigue no solo el cumplimiento de los requisitos procedimenta=
les
establecidos en la ley, sino también la congruencia con los principi=
os
generales del Derecho Administrativo y los valores constitucionales que
informan el ordenamiento jurídico. Este enfoque integral del control=
de
legalidad asegura que la Administración Pública actúe
dentro de los límites competenciales y en aras del interés
público, respetando los principios de juridicidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
El fundamento normativo del control de legalid=
ad
se encuentra primordialmente en el artículo 226 de la
Constitución de la República del Ecuador, que establece el
principio de legalidad como rector de la actuación administrativa. E=
ste
precepto constitucional se complementa con el artículo 14 del
Código Orgánico Administrativo (COA), que reafirma la
obligación de la Administración Pública de ejercer su
competencia dentro de los límites fijados por la Constitución=
y la
ley. Asimismo, el artículo 99 del COA establece los requisitos de
validez del acto administrativo, cuyo cumplimiento es objeto de
verificación en el ejercicio del control de legalidad.
En el sistema jurídico ecuatoriano, el
control de legalidad se manifiesta a través de diversas modalidades.=
El
control interno es ejercido por la propia Administración mediante
mecanismos como la revocatoria de oficio (artículo 132 COA) y la
declaración de lesividad (artículo 115 COA). Por su parte, el
control externo jurisdiccional es realizado por los Tribunales Distritales =
de
lo Contencioso Administrativo y la Sala Especializada de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, a través de las
acciones contencioso-administrativos previstas en el artículo 326 del
Código Orgánico General de Procesos (COG=
EP).
Adicionalmente, existe un control constitucional ejercido por la Corte
Constitucional, que puede revisar la constitucionalidad de los actos
administrativos con efectos generales.
Distinció=
;n
entre el Control Judicial y Administrativo en el contexto ecuatoriano
La distinción entre el control judicial=
y
administrativo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es fundamental
para comprender los mecanismos de fiscalización de la legalidad en la
actuación administrativa.
El control judicial se materializa a trav&eacu=
te;s
de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo y la Sala Especializada de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia tienen la potes=
tad
de revisar y evaluar la juridicidad de los actos administrativos impugnados.
Este control se ejerce ex post, es decir, una vez que el acto administrativ=
o ha
sido emitido y ha producido efectos jurídicos. La iniciativa para ac=
tivar
este mecanismo de control proviene de los administrados, en virtud del
principio dispositivo consagrado en el artículo 19 del Código
Orgánico de la Función Judicial, que otorga a las partes la
facultad de impulsar el proceso judicial.
Los órganos jurisdiccionales realizan un
control pleno de la actividad administrativa, pudiendo examinar tanto los
elementos reglados como los discrecionales del acto impugnado. Este control=
se
fundamenta en el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el
artículo 75 de la Constitución de la República, y se
ejerce a través de los recursos contencioso-administrativos previsto=
s en
el artículo 326 del Código Orgánico General de Proceso=
s.
Por otro lado, el control administrativo se
efectúa internamente dentro de la propia Administración
Pública. Este control puede ser previo, concurrente o posterior a la
emisión del acto administrativo. Los mecanismos de control interno
incluyen la revocatoria de oficio (artículo 132 del Código
Orgánico Administrativo) y la declaración de lesividad
(artículo 115 del COA). Estos procedimientos buscan garantizar que l=
os
actos administrativos se ajusten al principio de juridicidad desde su orige=
n,
previniendo la emisión de actos viciados o subsanando aquellos que ya
han sido dictados.
El control administrativo se fundamenta en el
principio de autotutela administrativa y en la potestad de autocontrol de la
Administración. Este control interno es complementario al control
judicial, pero no lo sustituye, ya que la revisión jurisdiccional
garantiza una fiscalización independiente e imparcial de la legalidad
administrativa.
En síntesis, la distinción entre=
el
control judicial y administrativo en el contexto ecuatoriano refleja un sis=
tema
integral de garantía de la juridicidad en la actuación
administrativa. Mientras el control administrativo busca prevenir y corregir
internamente las posibles ilegalidades, el control judicial ofrece una
revisión externa e independiente, consolidando así un sistema=
de
control de legalidad que procura el equilibrio entre la eficacia administra=
tiva
y la protección de los derechos de los administrados.
Participaci&oac=
ute;n
de las partes procesales
La participación de las partes procesal=
es
en el sistema dispositivo ecuatoriano constituye un elemento cardinal que
configura la dinámica del control de legalidad en la jurisdicci&oacu=
te;n
contencioso-administrativa, por lo tanto, la iniciativa procesal que ostent=
an
las partes no solo les faculta para impugnar actos administrativos, sino que
también influye significativamente en la forma en que se ejerce el
control de juridicidad.
En ese sentido, el principio dispositivo,
consagrado en el artículo 19 del Código Orgánico de la
Función Judicial, confiere a las partes un rol protagónico en=
la
definición y desarrollo de los litigios, lo cual, tiene implicaciones
trascendentales en la manera en que se lleva a cabo la revisión de la
legalidad de los actos administrativos, por cuanto, este enfoque se materia=
liza
en diversos aspectos del proceso contencioso-administrativo.
En primer término, la iniciativa proces=
al
permite a las personas afectadas por actos administrativos impulsar
procedimientos judiciales, iniciando acciones que cuestionan la juridicidad=
de
las decisiones administrativas. Esta facultad de instar el proceso ofrece a=
los
sujetos procesales la posibilidad de ejercer un control directo sobre la
actuación de la Administración Pública. La iniciativa =
de
las partes no solo facilita el acceso a la tutela judicial efectiva, consag=
rada
en el artículo 75 de la Constitución de la República, =
sino
que también cataliza la rendición de cuentas, ya que la socie=
dad
civil puede impugnar actos administrativos que percibe como contrarios al
ordenamiento jurídico o lesivos a sus derechos subjetivos e intereses
legítimos.
En segundo lugar, la iniciativa procesal influ=
ye
decisivamente en la presentación de medios probatorios y argumentos
jurídicos. Al recaer sobre las partes la carga de la prueba, conform=
e al
artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos, =
se
genera un entorno en el que la calidad y profundidad de los argumentos
presentados tienen un impacto directo en la formación de la
convicción del órgano jurisdiccional. Este dinamismo fomenta =
la
preparación meticulosa de los casos y promueve la presentació=
n de
pruebas sustanciales, fortaleciendo así la base fáctica y
jurídica sobre la cual se fundamenta el control de legalidad.
Adicionalmente, la iniciativa procesal confier=
e a
las partes la capacidad de influir en la delimitación del thema decidendum y en la
interpretación de la normativa aplicable, por ello, esta flexibilida=
d en
la configuración del litigio permite a las partes adaptarse a las
particularidades de cada caso, presentando argumentos específicos y
enfoques estratégicos que consideren más efectivos para demos=
trar
la antijuridicidad de la actuación administrativa. En este sentido, =
la
iniciativa procesal se traduce en una mayor adaptabilidad del sistema judic=
ial
para abordar la diversidad de situaciones que puedan surgir en el ám=
bito
contencioso-administrativo.
Por consiguiente, la evaluación del imp=
acto
de la iniciativa procesal de las partes en el control de legalidad revela q=
ue
este principio no solo agiliza el acceso a la justicia, sino que tambi&eacu=
te;n
eleva la calidad y profundidad de los procesos judiciales. La capacidad de =
las
partes para dirigir el desarrollo del caso potencia la efectividad del cont=
rol
de legalidad al permitir una revisión más detallada y adaptad=
a a
las circunstancias específicas de cada controversia administrativa,
coadyuvando así a la realización efectiva de los principios de
seguridad jurídica y buena administración consagrados en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Límites y
Desafíos del Sistema Dispositivo en la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa Ecuatoriana
El sistema dispositivo, si bien potencia la
participación activa de las partes procesales en la jurisdicci&oacut=
e;n
contencioso-administrativa ecuatoriana, presenta limitaciones y desaf&iacut=
e;os
que requieren una consideración minuciosa para garantizar la eficacia
del control de juridicidad y el acceso equitativo a la justicia. Estas
restricciones y retos se manifiestan tanto en el ámbito práct=
ico
como en el teórico, exigiendo un análisis integral y la
implementación de medidas correctivas.
Una de las principales limitaciones identifica=
bles
es la posibilidad de que los sujetos procesales emplee tácticas
dilatorias o interponga recursos frívolos que obstaculicen la eficac=
ia
del control de juridicidad. Esta práctica no solo afecta la celeridad
procesal, sino que también puede desvirtuar la finalidad del sistema
dispositivo, convirtiendo el proceso en un mecanismo de obstrucción
más que de resolución de controversias. Para contrarrestar es=
ta
problemática, se propone la implementación de mecanismos
procesales disuasorios, como la imposición de multas a quienes
interpongan recursos temerarios o maliciosos, las cuales, deben aplicarse de
manera rigurosa para salvaguardar la integridad del proceso
contencioso-administrativo.
Otro desafío significativo es la
asimetría que puede generarse entre las partes debido a la carencia =
de recursos
o pericia jurídica. Esta disparidad tiene el potencial de menoscabar=
el
acceso igualitario a la tutela judicial efectiva, principio consagrado en el
artículo 75 de la Constitución de la República del
Ecuador. Para abordar esta cuestión, se propone el fortalecimiento de
los servicios de patrocinio jurídico gratuito, garantizando una defe=
nsa
técnica adecuada a los administrados con recursos limitados. La
implementación efectiva del artículo 12 de la Ley Orgá=
nica
de la Defensoría Pública, que establece la obligación =
de
brindar servicios de defensa y asesoría jurídica gratuita en
materia contencioso-administrativa, es crucial para mitigar estas
asimetrías.
Desde una perspectiva pragmática, la
jurisdicción contencioso-administrativa ecuatoriana enfrenta retos
relacionados con la carga procesal y la complejidad de ciertos litigios. Es=
tos
factores pueden ocasionar dilaciones en la resolución de controversi=
as,
afectando la eficiencia del control de legalidad y, por ende, la seguridad
jurídica. Para optimizar la gestión judicial, se propone la
incorporación de tecnologías de la información y
comunicación, como expedientes electrónicos y notificaciones
telemáticas. La implementación del Sistema de Trámite
Judicial Electrónico (SATJE), conforme a=
lo
dispuesto en la Resolución 075-2020 del Consejo de la Judicatura,
representa un avance significativo en esta dirección, aunque su
efectividad dependerá de una adecuada capacitación de los
operadores judiciales y de los usuarios del sistema.
En el plano doctrinario, la hermenéutic=
a de
normativas complejas y la adaptación a modificaciones legislativas
frecuentes plantean desafíos intelectuales significativos para los
operadores de justicia. Para abordar esta problemática, se propone la
capacitación continua de jueces, secretarios y demás funciona=
rios
judiciales en materia de derecho administrativo y contencioso-administrativ=
o,
con énfasis en las reformas normativas y jurisprudencia relevantes.
Asimismo, el establecimiento de criterios uniformes de interpretación
normativa a través de precedentes jurisprudenciales vinculantes emit=
idos
por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Naci=
onal
de Justicia, conforme al artículo 185 de la Constitución, con=
tribuiría
a la seguridad jurídica y a la predictibilidad de las decisiones
judiciales.
La interacción entre la
participación activa de las partes y las limitaciones del sistema
dispositivo, junto con los desafíos inherentes a la jurisdicci&oacut=
e;n
contencioso-administrativa en Ecuador, subrayan la necesidad de un enfoque
equilibrado que promueva la celeridad procesal, la igualdad en el acceso a =
la
justicia y la eficacia del control de juridicidad. Este análisis
integral contribuye a la comprensión y perfeccionamiento continuo de=
la
administración de justicia en el ámbito
contencioso-administrativo ecuatoriano, en consonancia con los principios
constitucionales de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica
consagrados en los artículos 75 y 82 de la Constitución de la
República del Ecuador, respectivamente.
La implementación efectiva de las medid=
as
propuestas requiere un compromiso institucional y una coordinación
estrecha entre los diferentes actores del sistema de justicia. Solo a
través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá lograr un
sistema contencioso-administrativo que, respetando el principio dispositivo,
garantice un control de legalidad eficaz y un acceso equitativo a la justic=
ia
para todos los administrados.
REFLEXIÓN
La interacción entre el principio dispositivo y el control de legalidad en la jurisdicción contencioso-administrativa ecuatoriana revela una dinámica compleja = que merece una reflexión profunda. Por un lado, el sistema dispositivo empodera a las partes, otorgándoles un papel protagónico en el proceso judicial. Por otro, plantea desafíos significativos para la eficacia del control de legalidad y la equidad en el acceso a la justicia.<= o:p>
La participación activa de las partes e=
n el
proceso contencioso-administrativo tiene el potencial de enriquecer el deba=
te
jurídico y proporcionar una perspectiva más completa de las
controversias administrativas. Sin embargo, esta misma libertad procesal pu=
ede
ser utilizada de manera abusiva, generando tácticas dilatorias que
obstaculizan la pronta resolución de los litigios. Esta tensió=
;n
entre la autonomía procesal y la eficiencia judicial requiere un
equilibrio delicado que el sistema jurídico ecuatoriano aún d=
ebe
perfeccionar.
Un aspecto particularmente preocupante es la
posible asimetría entre las partes debido a diferencias en recursos y
experiencia legal. Esta disparidad puede socavar el principio de igualdad a=
nte
la ley y comprometer la justicia del proceso. La propuesta de fortalecer los
servicios de patrocinio jurídico gratuito es un paso en la direcci&o=
acute;n
correcta, pero su implementación efectiva requerirá un compro=
miso
sostenido de recursos y una voluntad política firme.
La carga procesal y la complejidad de los caso=
s en
la jurisdicción contencioso-administrativa plantean un desafío
significativo para la eficacia del control de legalidad. La
incorporación de tecnologías de la información y la
comunicación en la gestión judicial ofrece una promesa de may=
or
eficiencia, pero su éxito dependerá de una implementaci&oacut=
e;n
cuidadosa y de la capacitación adecuada de todos los actores
involucrados en el proceso judicial.
Desde una perspectiva teórica, la neces= idad de interpretar normativas complejas y adaptarse a cambios legislativos frecuentes subraya la importancia de la formación continua de los operadores de justicia. La propuesta de establecer criterios uniformes de interpretación a través de precedentes jurisprudenciales vinculantes es particularmente interesante, ya que podría proporcion= ar mayor seguridad jurídica y coherencia en las decisiones judiciales.<= o:p>
Es importante reconocer que las soluciones
propuestas, aunque prometedoras, no están exentas de
desafíos en su implementación. La
imposición de sanciones por recursos temerarios, por ejemplo, debe
equilibrarse cuidadosamente con el derecho de acceso a la justicia. De mane=
ra
similar, la uniformidad en la interpretación jurisprudencial no debe
llevar a una rigidez que impida la evolución del derecho en respuest=
a a
nuevas realidades sociales y administrativas.
En última instancia, el perfeccionamien=
to
del sistema contencioso-administrativo ecuatoriano requerirá un enfo=
que
holístico que aborde tanto los aspectos procesales como los sustanti=
vos
del control de legalidad. Este esfuerzo debe estar guiado por los principios
constitucionales de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica,
buscando un equilibrio entre la eficiencia procesal y la justicia sustantiv=
a.
Solo a través de un compromiso continuo con la mejora y la
adaptación podrá el sistema jurídico ecuatoriano enfre=
ntar
los desafíos actuales y futuros en la administración de justi=
cia
administrativa.
CONCLUSIONES
En este artículo se ha explorado
exhaustivamente el control de legalidad en la jurisdicción
contencioso-administrativa en el marco del sistema dispositivo del Ecuador.
Este sistema se caracteriza por la participación de las partes,
otorgando a ciudadanos y organizaciones un papel protagónico en la
fiscalización de la Administración Pública. La iniciat=
iva
procesal de las partes, respaldada por el principio dispositivo consagrado =
en
el artículo 19 del Código Orgánico de la Función
Judicial, agiliza el acceso a la tutela judicial efectiva y fortalece la
eficacia del control de juridicidad al mejorar la calidad de los argumentos
presentados. No obstante, se identifican desafíos como el uso de
estrategias dilatorias y asimetrías en recursos entre las partes.
La distinción entre el control judicial=
y
administrativo subraya la complementariedad de ambos enfoques para asegurar=
la
legalidad administrativa, por cuanto, este sistema se enriquece al consider=
ar
la doctrina comparada, destacando la relevancia de la participación
activa de las partes en ordenamientos jurídicos análogos. En
conjunto, estas dinámicas contribuyen a la construcción de un
sistema de justicia administrativa equitativo y eficiente.
La exploración del control de legalidad=
en
la jurisdicción contencioso-administrativa en el sistema dispositivo=
del
Ecuador revela una compleja red de interacciones entre los sujetos procesal=
es,
la Administración Pública y los órganos jurisdiccional=
es.
La participación de las partes, respaldada por la iniciativa procesa=
l,
se erige como un componente esencial que dinamiza el proceso,
otorgándole un carácter más accesible y transparente. =
Este
principio facilita el acceso a la justicia, permitiendo a ciudadanos y
organizaciones cívicas impugnar actos administrativos y contribuir a=
la
fiscalización de la Administración Pública, en consona=
ncia
con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artícu=
lo
75 de la Constitución de la República.
La evaluación del impacto de la iniciat=
iva
procesal de las partes resalta la importancia de este dinamismo en la
presentación de medios probatorios, argumentos jurídicos y
estrategias procesales. Este enfoque no sólo acelera la
resolución de casos, en cumplimiento del principio de celeridad
establecido en el artículo 20 del Código Orgánico de la
Función Judicial, sino que también fortalece la calidad de los
argumentos presentados, mejorando así la efectividad del control de
legalidad. Casos emblemáticos de participación de la sociedad
civil ilustran la capacidad de este enfoque para corregir actos administrat=
ivos
contrarios a la legalidad, consolidando la idea de que la sociedad puede ser
una fuerza positiva en la salvaguarda del Estado de Derecho.
No obstante, este sistema no está exent=
o de
desafíos y límites. La posibilidad de estrategias dilatorias =
por
parte de los sujetos procesales puede obstaculizar la eficacia del control =
de
legalidad, introduciendo la necesidad de mecanismos para evitar abusos
procesales. Asimismo, la asimetría en recursos y conocimientos entre=
las
partes puede generar desequilibrios en el acceso a la justicia,
señalando la importancia de fomentar la asistencia legal gratuita, en
cumplimiento del artículo 191 de la Constitución, y la
capacitación jurídica continua de los operadores de justicia.=
La distinción entre el control judicial=
y
administrativo destaca la complementariedad de ambos enfoques para asegurar=
la
legalidad administrativa. Mientras el control administrativo busca prevenir
irregularidades desde el origen, a través de mecanismos como la
revocatoria de oficio y la declaración de lesividad, el control judi=
cial
actúa como un contrapeso independiente y objetivo, revisando ex post=
la
actuación administrativa. Esta sinergia fortalece la integridad del =
sistema
de control de legalidad, proporcionando una doble capa de supervisió=
n y
salvaguardando los derechos de los administrados.
En el contexto del derecho comparado, la
Teoría General del Derecho Administrativo en Ecuador se enriquece al
considerar diversas aproximaciones y mejores prácticas. La
participación de las partes, característica del sistema
dispositivo, muestra su eficacia en ordenamientos jurídicos similare=
s,
destacando la relevancia de este enfoque en la construcción de siste=
mas
de justicia administrativa equitativos y eficientes.
En corolario, el control de legalidad en la
jurisdicción contencioso-administrativa en el sistema dispositivo del
Ecuador emerge como un entramado dinámico, donde la participaci&oacu=
te;n
activa de las partes, los límites y desafíos identificados, y=
la
distinción entre el control judicial y administrativo, convergen para
consolidar un sistema que busca armonizar el ejercicio del
la potestad administrativa con la protección de los derechos
fundamentales, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de
Derecho y a la realización efectiva de los principios de seguridad
jurídica y buena administración consagrados en la
Constitución ecuatoriana.
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