DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3333
Asesinato y responsabilidad penal juvenil: la carencia de respuest=
as
legales adecuadas frente a delitos cometidos por adolescentes
Murder and
juvenile criminal responsibility: the lack of adequate legal responses to
crimes committed by adolescents
Melany Anahí Obaco
Valencia
maobaco@pucesd.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-2913-0207
Pontificia
Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo
Ecuador
Andrea Angelina Zambrano Del Valle
aazambranod@pucesd.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-9830-0573
Pontificia
Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo
Ecuador
Artículo
recibido: 09 de enero de 2025. Aceptado para publicación: 23 de ener=
o de
2025.
Conflictos de
Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El
creciente índice de la delincuencia juvenil, especialmente con un ne=
xo a
crímenes graves como el asesinato, plantea un importante desaf&iacut=
e;o
para los sistemas legales actuales. Este estudio se focaliza en la eficacia=
de las
medidas socioeducativas como estrategia para prever la reincidencia entre
jóvenes infractores. Su objetivo fue evaluar la efectividad de dichas
medidas e indagar alternativas legales en el contexto ecuatoriano, utilizan=
do
un enfoque cualitativo y documental. La investigación incluyó=
el
análisis de normativas nacionales, como el Código Orgá=
nico
Integral Penal (COIP) y el Código de la
Niñez y Adolescencia (CONA), así como de instrumentos
internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Ni=
ño.
También se realizaron comparaciones con sistemas legales de
América Latina. Los hallazgos revelaron tasas inquietantemente altas=
de
reincidencia (que cometa el mismo delito por el cual fue juzgado), atribuib=
les
a deficiencias en los programas de rehabilitación y a la
manipulación de la vulnerabilidad de los jóvenes por parte de
grupos delictivos. Además, se identificó una insuficiencia de
seguimiento psicológico y monitoreo posterior, lo que limita la efec=
tividad
de estas medidas. El debate sobre la reducción de la edad de
inimputabilidad ha tomado fuerza en el contexto de acontecimientos reciente=
s en
Ecuador que han generado alto impacto social, como el asesinato de un condu=
ctor
por un joven de 14 años. Se determinó que la mejora del siste=
ma
requiere reformas estructurales que incluyan un acompañamiento integ=
ral,
un monitoreo continuo, y una revisión de la edad mínima de
responsabilidad penal, fomentando así un equilibrio justo entre la
prevención y la reintegración social.
Palabras clave: asesinato, adolescentes infractores,
inimputabilidad, responsabilidad penal
Abstract
The increase in juvenile delinquency, especially in serious crimes s=
uch
as murder, poses a major challenge to current legal systems. This study foc=
uses
on the effectiveness of socioeducational measur=
es as
a strategy to prevent recidivism among young offenders. Its objective was to
evaluate the effectiveness of these measures and explore legal alternatives=
in
the Ecuadorian context, using a qualitative and documentary approach. The r=
esearch
included the analysis of national regulations, such as the Comprehensive
Organic Penal Code (COIP) and the Code for Chil=
dren
and Adolescents (CONA), as well as international
instruments, including the Convention on the Rights of the Child. Compariso=
ns
were also made with legal systems in Latin America. The findings revealed
alarmingly high rates of recidivism, attributable to deficiencies in
rehabilitation programs and the manipulation of youths' vulnerability by
criminal groups. In addition, a lack of psychological follow-up and afterca=
re
monitoring was identified, limiting these measures' effectiveness. The deba=
te
on lowering the age of unaccountability has gained momentum in the context =
of
recent events in Ecuador, such as the murder of a driver by a 14-year-old. =
It
was determined that the improvement of the system requires structural refor=
ms
that include comprehensive accompaniment, continuous monitoring, and a revi=
sion
of the age of non-imputability.
Keywords: murder, offend=
ers
adolescent, non-imputability, criminal responsi=
bility
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Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en es=
te
sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.=
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o:p>
Cómo citar: Obaco Valencia , M. A., & Zambrano Del
Valle, A. A. (2025). Asesinato y responsabilidad penal juvenil: la carencia=
de
respuestas legales adecuadas frente a delitos cometidos por adolescentes. LATAM Revista Latinoamericana de Cienc=
ias
Sociales y Humanidades 6 (1), 226 – 235. https://doi.org/10.56712/
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la delincuencia juvenil es un
fenómeno que genera preocupación global debido a su profundo
impacto social y los desafíos legales que plantea, especialmente en =
el
caso de delitos graves. La responsabilidad penal juvenil se distingue de la=
de
los adultos por diversos factores, como el desarrollo cognitivo, emocional y
moral de los adolescentes. Esta distinción genera una tensión
entre los derechos que protegen a los menores y las demandas sociales de
justicia y proporcionalidad en las consecuencias por el daño causado=
.
En la actualidad, la incapacidad del sistema
judicial para enfrentar los crecientes índices de violencia, en
particular los asesinatos perpetrados por menores inimputables o adolescent=
es
infractores, plantea un problema que afecta directamente la seguridad del
Estado. Este fenómeno está intrínsecamente ligado a un
desafío de mayor complejidad: la integración y el funcionamie=
nto
de las bandas delictivas juveniles. Abordar esta situación exige un
razonamiento crítico y un enfoque riguroso, ya que no se trata de una
problemática reciente, sino de una dinámica que diversos juri=
stas
han venido estudiando desde distintas perspectivas.
Un ejemplo de estas investigaciones es el trab=
ajo
de la abogada María Benalcázar, titulado Análisis de la
reducción de edad para la inimputabilidad de los menores. En su estu=
dio,
Benalcázar explica que en períodos anteriores los delitos
cometidos por menores eran, en su mayoría, de menor gravedad, como el
robo. Si bien estos delitos no deben ser subestimados por los riesgos que
representan para la sociedad, su gravedad se torna menor al compararlos con
crímenes contra la vida, como el asesinato.
La situación actual evidencia un cambio
alarmante, donde el asesinato se ha normalizado entre los jóvenes de=
bido
a una serie de influencias que van más allá de los factores
socioeconómicos. Entre estas influencias se destacan los modismos
asociados con el poder y la distorsión de conceptos promovidos dentr=
o de
las bandas delictivas. Este fenómeno refleja una banalización=
de
la vida humana y un deterioro de los valores sociales, potenciado por la fa=
lta
de información adecuada sobre las consecuencias legales y éti=
cas
de formar parte de estas organizaciones criminales.
En este contexto, resulta fundamental no solo
reflexionar sobre el diseño y la implementación de
políticas públicas más efectivas, sino también
evaluar la posibilidad de reformas al sistema judicial, como las relacionad=
as
con la edad de inimputabilidad. Esto permitiría un abordaje má=
;s
integral de un problema que, lejos de ser aislado, amenaza la cohesió=
;n
social y el desarrollo sostenible de las comunidades.
(Benalcázar-Gonzáles, 2024, P.1010)
Los delitos cometidos por adolescentes, es uno=
de
los fenómenos que se enfrenta los sistemas jurídicos actualme=
nte
en especial en América latina, esta problemática provoca que =
los
Estados se enfrente a un dilema entre lo ético o normativo, por lo
tanto, los sistemas jurídicos se ven en la difícil tarea de
imponer sanciones proporcionales a las conductas delictivas sin afectar a l=
os
principios que amparan constantemente el interés superior del
niño y responder los por las demandas de una sociedad cansada de la
injusticia y desigualdad ante actos tan atroces cometidos ante el derecho
más importante, la vida. Según estudios recientes, la tasa de
participación de menores en estos delitos ha tenido un aumento e imp=
acto
significativo en los lugares donde se presenta, evidenciando así la
carencia de los programas de prevención y rehabilitación, dej=
ando
así a los menores dentro de un círculo constante de violencia=
. (Marin Guevara, P. 2024, P.33)
La protección hacia los menores que com=
eten
actos delictivos tiene un trasfondo que no recae en el Estado al que el men=
or
pertenezca, sino que este Estado debe de respetar lo dispuesto por los inst=
rumentos
internacionales el autor Jorge Carvajal en su escrito titulado
“Lineamientos internacionales y nacionales en materia de responsabili=
dad
penal para adolescentes” realiza un análisis profundo de los
diferentes reglamentos emitidos por los organismos internacionales en los q=
ue
estos mencionan una protección especial hacia los menores y el debido
cuidado que deben de tener por sus derechos y sobre todo el debido proceso
propio de un caso de aprehensión en el que un menor participe, de es=
tos
reglamentos cada Estado puede tener una base en la cual guiarse para poder =
de
manera interna en su legislación tipificar un código o un
apartado especial para el tratamiento de niños, niñas y
adolescentes infractores y con esto tener de igual manera un contexto inter=
nacional,
se observa que la edad mínima de responsabilidad penal varía
considerablemente:
Colombia establece 14 años, bajo un Sis=
tema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) que
prioriza la rehabilitación.
Argentina fija la edad en 16 años, con =
un
régimen que solo considera penalmente responsables a los adolescente=
s en
casos de delitos graves, como aquellos con penas superiores a dos añ=
os.
México y Ecuador, en contraste, tienen =
una
de las edades más bajas, establecida en 12 años. Aunque los a=
dolescentes
son procesados bajo un sistema especializado, se enfrentan a sanciones
proporcionales que limitan la privación de libertad a un máxi=
mo
de cinco años, incluso en casos de asesinato.
Es así, que cada sistema se basa en un
enfoque, por ejemplo, en algunos estados de México, permite que se
puedan juzgar a menores de 16 años como adultos en delitos graves, e=
sta
legislación presenta un enfoque punitivo, según Javier Paredes
este se basa en la proporción de la pena y la acción. Por otro
lado, se presentan sistemas legales que tiene como objetivo la debida
reintegración de los adolescentes a la sociedad, estas legislaciones
utilizan programas educativos para su rehabilitación, esto con el fi=
n de
romper el círculo del crimen y brindarles oportunidades para un futu=
ro,
estas medidas se aplican en países como Colombia. Quispe (p. 57).
Ahora, esta problemática expone un dile=
ma
para el sistema de justicia penal juvenil, el cual debe estabilizar la
necesidad de responsabilizar a los jóvenes por sus acciones delictiv=
as
de manera justa y proporcional a la misma como menciona, con el deber de
tutelar sus derechos, por ende, este problema plantea una serie de preguntas
fundamentales: ¿Está preparado el sistema jurídico
ecuatoriano para afrontar y resolver de manera justa estas acciones cometid=
as
por este grupo protegido? ¿Es netamente necesaria la inimputabilidad=
o
limitación de responsabilidad en estos casos? ¿Qué med=
idas
puede optar o implementar el Estado, no sólo para nivelar la justici=
a,
protección de derechos, sino también la prevención del
delito? La preparación propuesta se fundamenta en las acciones que el
Estado está implementando para prevenir que, ya sea por decisiones
propias o a través del reclutamiento por parte de organizaciones
delictivas, determinados grupos incurran en conductas infractoras. Es
fundamental actuar de manera preventiva, sin esperar a que se presente un a=
lto
índice de menores infracciones, como ocurre en la actualidad, para
generar normativas que contribuyan a evitar esta problemática.
METODOLOGÍA
La investigación desarrollada en este
trabajo es de enfoque cualitativo-documental, esto con el fin de analizar y
comprender los factores y condiciones que influyen en los adolescentes para
cometer delitos, explorando sus vivencias, motivaciones y el entorno que los
rodea. Así mismo, busca identificar cómo la sociedad percibe =
el
sistema de justicia juvenil, evaluando si se considera justo, eficiente o c=
apaz
de brindar nuevas oportunidades, centrando en el análisis de la
normativa ecuatoriana vigente, específicamente la Constitució=
n de
la República del Ecuador (CRE), Código Orgánico Integr=
al
Penal (COIP), Código Orgánico de =
la
Niñez y Adolescencia (CONNA). Tambi&eacu=
te;n,
se examinan instrumentos internacionales como la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). Para esto, fue
necesaria la aplicación de distintos métodos como el
analítico-sintético, mismo que permitió gestionar
información obtenida de distintos medios legales y repositorios en
línea, canalizando datos relevantes referentes a la inimputabilidad y
límite de responsabilidad penal y la justicia en el sistema penal
juvenil ecuatoriano.
El método comparativo, empleado para
examinar las similitudes y diferencias que se pueden observar tanto en el
sistema legal nacional, como el del ámbito internacional con otras
legislaciones, esto permitió analizar desde una perspectiva má=
;s
amplia los diferentes mecanismos de soluciones y prácticas legales q=
ue
podrían ser adaptadas al contexto local. Estas metodologías,
totalmente vitales e interdependientes concedieron un análisis integ=
ral
de la inimputabilidad y límites de la responsabilidad penal en siste=
ma
jurídico juvenil, asegurando consigo que los resultados fueran
reproducibles y completamente válidos para estudios futuros.<=
span
lang=3DES-MX style=3D'font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>
RESULTADOS
Edad mínima de responsabilidad penal del
asesinato en diferentes sistemas legales, con ello, la discusión sob=
re
la responsabilidad penal de adolescentes infractores frente a delitos graves “Consider=
amos
a los adolescentes infractores como un colectivo emergente de las condicion=
es
de desigualdad y pobreza en las que han crecido, donde perciben la
naturalización cotidiana de la violencia” (Galván &
Durán, 2019, p. 27-31), como el asesinato, requiere un anális=
is
exhaustivo desde diversas perspectivas jurídicas y sociales. Este
análisis debe considerar no solo el marco legal nacional, sino
también una comparación con otros sistemas legales tales como
Colombia, Argentina y México que abordan situaciones similares, para
identificar fortalezas, debilidades y posibles áreas de mejora en el
sistema ecuatoriano.
Ante dicha problemática y la necesidad =
de
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
organismos internacionales se han pronunciado sobre esta interrogante
presentada por distintos Estados como lo es la Convención sobre los
derechos del Niño, exigiendo a los Estados establecer una edad
mínima de responsabilidad penal (EMRP) p=
or
debajo de la cual se presumirá que estos no han infringido la Ley Pe=
nal.
“El límite máximo de edad =
- o
la mayoría de edad penal - o la edad para la aplicabilidad de las
disposiciones de justicia juvenil -Se refiere a la edad hasta que alguien en
conflicto con la ley se trata en el sistema de justicia para personas menor=
es
de edad” (Convención Sobre los Derechos del Niño, 2011)=
Por lo tanto, de acuerdo con la Convenci&oacut=
e;n
sobre los Derechos del Niño (CDN), un si=
stema
de justicia juvenil debe incluir a todos los niños y niñas que
sean señalados, acusados o declarados responsables de infringir leyes
penales, siempre que hayan alcanzado la edad mínima de responsabilid=
ad
penal y que, como mínimo, no hayan cumplido los 18 años. Este
enfoque asegura la protección de los derechos del menor en concordan=
cia
con los estándares internacionales.
DISCUSIÓN
Análisis=
de
asesinato cometido por menores
En los últimos dos años, la
violencia en Ecuador ha experimentado un preocupante aumento, generando una
creciente sensación de inseguridad en la población. Aunque
tradicionalmente se asocia a los delitos graves con personas jóvenes
adultas, de entre 20 y 30 años, datos recientes evidencian un
fenómeno alarmante: la creciente participación de niño=
s y
adolescentes en actividades ilícitas, especialmente como miembros de
bandas delictivas, tan solo en el año pasado el Servicio Nacional de
Atención a Privados de Libertad (SNAI)
informó que en Ecuador, 391 menores de edad se encuentran privados de
libertad en 10 Centros de Adolescentes Infractores (CA=
I).
De estos, 280 jóvenes han sido sentenciados por delitos graves como
violación, robo y asesinato, estos menores de edad aislados por deli=
tos
o contravenciones se someten al Modelo de Atención Restaurativo los
cuales buscan promover su rehabilitación, reeducación,
formación integral y su reintegración social, siendo as&iacut=
e;:
“el sistema penal de Ecuador ius punendi con los adolescentes infractores se enfoca co=
n fin
educativo y de inserción social, encaminada a que el adolescente se
responsabilice, repare el daño causado y realice actividades
comunitarias o se prepare profesional y únicamente en la consumaci&o=
acute;n
de delitos graves se aplique la pena privativa de la libertad como
último recurso y por el tiempo más breve posible”
(Maldonado & Cabrera, 2023, p. 26)
Esta tendencia puede explicarse, en parte, por=
el
interés estratégico de las organizaciones criminales en reclu=
tar
menores de edad. La legislación ecuatoriana establece sanciones pena=
les
más leves para los menores, e incluso contempla la posibilidad de no
imputar responsabilidad penal a quienes tengan menos de 16 años. Esta
percepción de “eficiencia” convierte a los menores en una
opción atractiva para las bandas, quienes los instrumentalizan para
llevar a cabo actividades delictivas de alto riesgo.
En Ecuador, el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), que entró en vigo=
r en
2014, establece al asesinato como uno de los principales delitos contra la
inviolabilidad de la vida, contemplado en el artículo 140 lo siguien=
te
“La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa=
de
libertad de veintidós a veintiséis años si concurre al=
guna
de las circunstancias siguientes (…)” (Código
Orgánico Integral Penal, 2014, p. 53).
El tratamiento jurídico hacia niñ=
;os,
niñas y adolescentes infractores difiere significativamente del apli=
cado
a los adultos. Los menores no son juzgados bajo los lineamientos del C&oacu=
te;digo
Orgánico Integral Penal (COIP), sino que
están regidos por un marco especial establecido en el Código =
de
la Niñez y Adolescencia. Este enfoque refleja un principio de
protección y rehabilitación, alineado con compromisos
internacionales en derechos humanos.
Las medidas socioeducativas corresponden a la
sanción aplicable a los adolescentes infractores por el cometimiento=
de
delitos, por lo tanto, las medidas socioeducativas están concebidas =
para
ser tanto correctivas como formativas. Su objetivo es fomentar la justicia
restaurativa, permitiendo que los adolescentes comprendan el impacto de sus
acciones y se esfuercen por enmendar sus errores (Redalyc, 2020, p. 5).
En el país, las medidas socioeducativas
son: no privativas de libertad y privativas de libertad. Las medidas no
privativas de libertad son fundamentales para actuar en el entorno familiar=
y
social del adolescente, promoviendo una parentalidad positiva y fortalecien=
do
las habilidades educativas y laborales. (Arévalo, M. 2021). Estas me=
didas
están contempladas en el Art. 378 del CONA:
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style=3D'mso-list:Ignore'>●
<=
span
style=3D'mso-list:Ignore'>●
Mientras que, las medidas no privativas de
libertad tienen como objetivo conciliar la sanción con la
educación. Lucho Samanamud (2023, p. 48) destaca la finalidad de est=
as
que consiste en conciliar la sanción con la educación, sin
embargo, su implementación se ve afectada por desafíos
relacionados con la infraestructura y la disponibilidad de personal capacit=
ado. Estas medidas están contemplada=
s en
el Art. 379 del CONA:
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style=3D'mso-list:Ignore'>●
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span
style=3D'mso-list:Ignore'>●
<=
span
style=3D'mso-list:Ignore'>●
‘’Uno de los cuestionamientos
centrales que los investigadores del campo de la Justicia Juvenil se hacen
actualmente es si realmente el Sistema de Justicia Juvenil tiene efectos
importantes sobre la reducción de la delincuencia juvenil. Entonces =
se
afirmaba que una medida socio educativa es eficiente, en la medida de que e=
sta
incide en el adolescente para que a mediano y largo plazo no vuelva a
delinquir.’’ (Maldonado Cando et al., 2022, p. 54).
Prevenció=
;n
del asesinato cometido por menores: retos y estrategias en el sistema penal
juvenil
Los asesinatos cometidos por menores est&aacut=
e;n
estrechamente relacionados a una serie de factores tanto sociales, cultural=
es,
económicos, educativos, Bravo Terán (2024) destaca que los ‘’factores
psicosociales, como la desintegración familiar, la falta de
oportunidades educativas y laborales, y la influencia de pares, juegan un p=
apel
crucial en la predisposición de los jóvenes hacia conductas
delictivas’’. Siendo los principales retos. Los hogares
disfuncionales, deja como consecuencia un estado de vulnerabilidad y desamp=
aro,
donde sienten una falta de la figura de autoridad. Según Messina y P=
ozo
(2022), "la familia es la institución donde se forja la
personalidad del sujeto, pudiendo transformarse en un mal modelo cuando las
relaciones entre sus miembros son inadecuadas". De esta situació=
;n
se desprenden, los entornos de violencia intrafamiliar, donde el desarrollo
emocional y psicológico de los menores se ve afectado por la constan=
te
exposición a las agresiones tanto físicas, verbales o sexuale=
s,
como consecuencia normaliza este tipo de conductas en la vida cotidiana de =
ellos
y afecta especialmente su autoestima y habilidades sociales, replicando est=
os
comportamientos.
La deserción escolar representa un
desafío crítico en Ecuador, especialmente para niños y
jóvenes de comunidades rurales y sectores urbanos marginados. Al
abandonar el sistema educativo, no solo pierden la oportunidad de aprender,
sino también la posibilidad de desarrollar habilidades esenciales pa=
ra
su futuro. Esta situación los deja expuestos a riesgos como la
exclusión social y económica. Sin acceso a una educació=
;n
adecuada, sus oportunidades de conseguir un empleo digno disminuyen
drásticamente, lo que a menudo los empuja hacia actividades
ilícitas como una forma desesperada de subsistencia. Este problema
afecta no solo a los jóvenes, sino también al desarrollo de la
sociedad en su conjunto, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad.
La pobreza, el desempleo y la desigualdad soci=
al
son realidades que afectan de manera especialmente dura a los jóvene=
s,
incrementando su vulnerabilidad y el riesgo de que se vean impulsados a par=
ticipar
en actividades ilegales como medio de sobrevivencia. Sin oportunidades
concretas ni el apoyo necesario, muchos menores se encuentran atrapados en =
un
ciclo difícil de romper. La ausencia de programas sociales efectivos=
que
ofrezcan apoyo, educación y alternativas para aquellos en situacione=
s de
riesgo no solo agrava esta problemática, sino que también les
roba la posibilidad de soñar con un futuro mejor. Este es un llamami=
ento
urgente para desarrollar soluciones que prioricen a nuestra juventud y les =
devuelvan
la esperanza.
Las bandas delictivas se aprovechan de la
vulnerabilidad de los menores, considerándolos herramientas
fáciles de manipular debido a su inimputabilidad y a las penas
más benignas que podrían enfrentar. Estos grupos explotan las
necesidades económicas y emocionales de los adolescentes,
ofreciéndoles dinero y una falsa sensación de estatus y
pertenencia, a cambio de su involucramiento en actividades ilícitas.=
En
los barrios más desfavorecidos, esta problemática se intensif=
ica:
los menores no solo son atraídos por promesas vacías, sino que
también deben lidiar con presiones y amenazas que los empujan hacia =
un
camino peligroso y sin salida. Este fenómeno socava el tejido social=
y
pone en grave riesgo el futuro de toda una generación.
Uno de los métodos que se podría
tratar de implementar como estrategia es la integración de programas=
de
apoyo académico, así como de acompañamiento
psicológico y social, resulta esencial para reducir la susceptibilid=
ad
de los jóvenes a ser manipulados por las organizaciones criminales. =
La
educación, entendida no sólo como un medio de transmisi&oacut=
e;n
de conocimientos, sino también como un espacio de desarrollo persona=
l y
social, puede ofrecer a las menores herramientas para tomar decisiones
informadas y evitar involucrarse en actividades ilícitas. Adem&aacut=
e;s,
el acompañamiento psicológico permite abordar de manera integ=
ral
las problemáticas emocionales y sociales que enfrentan los adolescen=
tes,
fortaleciendo su resiliencia y reduciendo los factores de riesgo asociados =
al
reclutamiento, así la prevención del reclutamiento de menores=
en
actividades delictivas, una estrategia fundamental radica en la mejora y
expansión de la educación pública, particularmente en =
las
áreas de recursos limitados. Estos sectores, caracterizados por
condiciones socioeconómicas desfavorables, se han convertido en un f=
oco
recurrente para el reclutamiento de menores por parte de bandas delictivas
“La falta de acceso a una educación de calidad y a oportunidad=
es
laborales dignas crea un ambiente propicio para que los menores sean
atraídos por las promesas de dinero rápido y fácil que
ofrecen las organizaciones criminales” (Pazmiño, 2024). Este
fenómeno pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar prog=
ramas
educativos más inclusivos y efectivos, orientados a proporcionar
alternativas reales a los menores de estos sectores.
CONCLUSIÓN
El sistema legal contemporáneo enfrenta=
un
desafío complejo al abordar los asesinatos cometidos por adolescente=
s,
debatiéndose entre enfoques excesivamente punitivos y la necesidad de
responder a las demandas de justicia e igualdad planteadas por la sociedad.
Según los puntos tratados dentro de esta investigación, las
medidas socioeducativas actuales no constituyen el mecanismo más efe=
ctivo
para prevenir la reincidencia de delitos cometidos por adolescentes, ya sean
graves, como el asesinato, o menos severos, como el hurto o robo. Esta
conclusión se sustenta en las elevadas tasas de reincidencia observa=
das,
particularmente en el contexto del narcotráfico, donde los grupos
delictivos explotan la vulnerabilidad y la inimputabilidad de los menores p=
ara
reclutarlos, fortaleciendo así sus estructuras ilícitas. Es necesario fortalecer la
implementación de medidas socioeducativas, incorporando un
acompañamiento psicológico adecuado tanto durante su
ejecución como en la etapa posterior. Asimismo, resulta crucial
establecer un sistema de monitoreo riguroso una vez finalizado el cumplimie=
nto
de estas medidas, cuyo período de aplicación deberá de=
finirse
en función de un análisis exhaustivo del perfil y las
circunstancias del adolescente infractor.
Por otro lado, se plantea la necesidad de
reconsiderar la edad mínima de inimputabilidad en casos de delitos
graves, especialmente aquellos que atentan contra el bien jurídico
supremo: la vida. En Ecuador, este debate cobró mayor relevancia en
abril de 2024 con la presentación de una propuesta de reforma al
Código para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes (COPINNA) por parte del
asambleísta Vicente Taitano. Esta inicia=
tiva
surgió como respuesta al asesinato de un conductor de autobús=
a
manos de un joven de 14 años frente a su hija, un caso que gener&oac=
ute;
gran conmoción social. Se considera necesaria una aplicación
más estricta de estas medidas socioeducativas, acompañadas de=
un
adecuado seguimiento psicológico tanto durante el cumplimiento de la
medida como después de esta. Además, se debe realizar un
monitoreo exhaustivo una vez cumplida la medida, por el tiempo que se consi=
dere
necesario, con base en un análisis detallado del caso de cada
adolescente infractor.
También se debería evaluar la
posibilidad de reducir el rango de edad para la inimputabilidad en casos de
delitos graves, en especial aquellos que atentan contra el bien jurí=
dico
más importante: la vida. En Ecuador, este debate se intensific&oacut=
e;
en abril de 2024 con la propuesta de reforma al Código para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (COPINNA), presentada por el asambleísta Vicent=
e Taitano. Esta iniciativa surgió tras el asesin=
ato de
un conductor de bus a manos de un joven de 14 años frente a su hija.=
El
proyecto propone cambios significativos que podrían contribuir a mej=
orar
la seguridad nacional, reducir el reclutamiento de menores por parte de gru=
pos
de delincuencia organizada y equilibrar la justicia con las expectativas de=
l eufurismo social.
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