DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2831
Violencia política como parte de la violencia de género. Estudio
comparado entre Ecuador y México
Political
violence as part of gender-based violence. A comparative study between Ecua=
dor
and México
Ximena Gabriela Párraga Roldán
xparraga@indoamerica.edu.ec
https://=
orcid.org/0009-0009-0184-1024
Universidad
Tecnológica Indoamérica
Manabí – Ecuado=
r
David Gonzalo Villalva Fonseca
davidvillalva@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-4168-5344
Universidad
Indoamérica. Universidad Tecnológica Indoamérica
Ambato – Ecuador
Artículo recibido: 05 de octubre de 2024. Aceptado para publicación: 19=
de
octubre de 2024.
Conflictos de
Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
La
presente investigación, que lleva por título “Violencia política como parte=
de
la violencia de género. Estudio comparado entre Ecuador y México" se
centra en la violencia política como una manifestación de la violencia de
género, analizando específicamente los casos de estos dos países, con el
objetivo de evaluar el nivel de regulación normativa tanto a nivel nacional
como internacional sobre este aspecto y cómo estas regulaciones afectan la
práctica política en ambos países. El estudio aporta a la comprensión de có=
mo
la violencia política basada en género vulnera derechos de la mujer y es
obstáculo para la participación de las mujeres en la vida política y cívica=
. La
metodología de investigación utilizada es de tipo cualitativo, permitiendo =
una
exploración bibliográfica de las normas, estudios, experiencias, percepcion=
es y
prácticas relacionadas el tema; método empleado para la recolección y análi=
sis
de datos. Los hallazgos muestran que, tanto en Ecuador como en México, a pe=
sar
de contar con marcos legales de progreso para combatir la violencia de géne=
ro,
la implementación efectiva de estas leyes es deficiente, y la violencia
política de género sigue siendo un problema que afecta poniendo a las mujer=
es
en situaciones de violencia, diversos tipos de agresiones y discriminación,=
y
entorpeciendo su pleno derecho a la participación en procesos y actividades
políticas. Los resultados también indican que la violencia política de géne=
ro
en ambos países supera los marcos normativos, exhibiendo la necesidad de
fortalecer la regulación y la aplicación normativa, y accionar desde las ra=
íces
socioculturales para asegurar la protección y cumplimiento de derechos a
futuro. La investigación finaliza concluyendo que la igualdad de género en =
la
política no solo depende de la existencia de leyes, sino de su efectiva
implementación y de un cambio cultural que erradique las prácticas
discriminatorias.
Palabras clave: Ecuador, México, violencia política, violencia =
de
género
Abstract
This research, entitled “Political violence as part of gender violen=
ce.
"Comparative study between Ecuador and Mexico" focuses on politic=
al
violence as a manifestation of gender violence, specifically analyzing the
cases of these two countries, with the aim of evaluating the level of norma=
tive
regulation both at national and international level on this aspect and how
these regulations affect political practice in both countries. The study
contributes to the understanding of how gender-based political violence
violates women's rights and is an obstacle to women's participation in
political and civic life. The research methodology used is qualitative,
allowing a bibliographic exploration of the norms, studies, experiences,
perceptions and practices related to the subject; method used for data
collection and analysis. The findings show that, both in Ecuador and Mexico,
despite having legal frameworks of progress to combat gender violence, the
effective implementation of these laws is deficient, and political gender
violence continues to be a problem that affects women by putting them in
situations of violence, various types of aggression and discrimination, and
hindering their full right to participate in political processes and
activities. The results also indicate that political gender violence in bot=
h countries
exceeds regulatory frameworks, highlighting the need to strengthen regulati=
on
and enforcement, and to act from sociocultural roots to ensure the protecti=
on
and fulfillment of rights in the future. The research concludes by concludi=
ng
that gender equality in politics depends not only on the existence of laws,=
but
on their effective implementation and on a cultural change that eradicates
discriminatory practices.
Keywords=
:
Ecuador, gender violence,
México, political violence=
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles b=
ajo
Licencia Creative Commons.
Cómo citar: Párraga Roldán, X. G., & Villalva Fonseca, D=
. G.
(2024). Violencia política como parte de la violencia de género. Estudio
comparado entre Ecuador y México. L=
ATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (5), 2997 – 3012.
https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2831
INTRODUCCIÓN
La violencia de género (V=
G)
requiere una amplia investigación y de manera específica en cada ámbito y
forma, considerando que puede ser de tipo físico, sexual, emocional, financ=
iero
y psicológico. Las mujeres y las niñas son los objetivos mayoritarios de es=
te
tipo de violencia, en particular las mujeres que viven en la pobreza o en
sociedades extremadamente desiguales, aunque el problema también afecta a
hombres y niños. Las formas de violencia más prevalentes son la violencia de
pareja y la violencia sexual fuera de la pareja, ya que, los incidentes de
violencia de género facilitada por la tecnología y la violencia en línea han
aumentado significativamente en los últimos años; todo lo mencionado, a su =
vez,
ha afectado la participación política de las mujeres y su implicación en la
vida cívica, incluidas los procesos electorales y políticos.
La desigualdad en las relaciones de poder a tr=
avés
de la historia ha dado lugar a lo que se ha catalogado como violencia de
género; particularmente ejercida en contra de las mujeres, este tipo de
violencia se ha convertido en una de las más comunes de la sociedad, legiti=
mada
y normalizada mediante diversas prácticas sociales y culturales, ha alcanza=
do
también a los estratos políticos. La intervención de la mujer dentro de
procesos políticos y electorales en estados que presentan altos índices de =
este
tipo de violencia, ha generado un incremento en la problemática con la
competencia política entre hombres y mujeres.
La violencia política debido a género supera l=
os
marcos normativos nacionales e internacionales destinados a resguardar los
derechos de las mujeres, entre las que se encuentran la Convención sobre los
Derechos Políticos de las Mujeres (CDPM, 1954),=
la CEDAW (1979), y la Convención de Belém do Pará (1994)=
. Al
inicio del siglo XXI, diversos organismos de alcance internacional y otras
dedicadas a la protección y amparo de los derechos de la mujer han identifi=
cado
este problema como un reto primordial para avanzar hacia democracias
paritarias.
El sistema electoral y el contexto sociocultur=
al
pueden presentar obstáculos significativos para la ejecución de medidas que
aviven la intervención política de las féminas. En países con altos índices=
de
violencia de género, la competencia electoral a menudo se acompaña de accio=
nes
que vulneran los derechos de las mujeres, y que se pueden clasificar como
violencia política de género. (Albaine, 2015)
Tanto Ecuador como México, a pesar de contar c=
on
marcos normativos correctamente estructurado, enfrentan desafíos similares =
en
la lucha contra la violencia de género, que ya sea por la persistencia de u=
na
sociedad patriarcal, la implementación ineficaz de las normas y la falta de
recursos adecuados, son factores críticos que deben abordarse para lograr u=
na
reducción significativa del problema; que no son factores aislados sino tam=
bién
un indicativo de una desigualdad más amplia, que se manifiesta en acciones =
que
restringen u obstaculizan el acceso, de la mujer, a su derechos y libertades
fundamentales.
La igualdad de género no siempre se refleja en=
las
responsabilidades gubernamentales hacia las personas o en cómo se lleva a la
práctica la interpretación normativa. Es importante construir espacios dond=
e se
pueda debatir con y sobre los movimientos feministas para enriquecer el
carácter deliberativo de la democracia y fomentar cambios en la sociedad ci=
vil,
considerando el aporte contemporáneo de los grupos feministas en la promoci=
ón y
cumplimiento de sus derechos. (CEPAL, 2011),
Es frecuente que las mujeres en la política
enfrenten prácticas de descalificación y vulneración de derechos exclusivam=
ente
por su condición femenina. A menudo, las autoridades y entornos políticos
consideran que las mujeres no tienen la autoridad necesaria para realizar su
trabajo, lo que en muchos casos obstaculiza sus actividades políticas.
El contexto del problema es la falta de
fortalecimiento de la regulación y la aplicación de la normativa existente =
para
vencer los preceptos socio culturales, por igual en México y Ecuador, donde=
la VG, es un problema significativo que requiere un anál=
isis
jurídico; considerando que se refiere a cualquier forma de agresión o maltr=
ato
ejercida contra una persona por su condición, y que puede manifestarse de
diversas maneras, y suele estar enraizado en relaciones de poder desiguales.
Por lo cual, este estudio se plantea como objetivo, analizar el nivel de
regulación normativa nacional e internacional que tiene la violencia políti=
ca
como parte de la violencia de género entre Ecuador y México, y de cómo esta
repercute en la práctica.
Por o=
tro
lado, para el presente estudio se emplea un método cualitativo de
investigación; enfoque que permite explorar y analizar las experiencias,
percepciones y prácticas relacionadas con la violencia política contra la
mujer, y que se centra en el contexto y las circunstancias que rodean el
problema. Se utiliza la revisión bibliográfica como procedimiento para la
recolección de datos a través del análisis de normas, leyes y estudios
especializados, para contextualizar el problema y comprender las diferentes
perspectivas que se han desarrollado.
DESARROLLO
La política y la
perspectiva de género
Según el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (2012) la política es entendida como el conjunto de decisiones y
actividades para gobernar, e implica tomar decisiones que impactan a toda u=
na
sociedad. Mediante la política se implementa la normativa legal que vigila y
regula la coexistencia de las personas, y la operación institucional; ademá=
s,
la política requiere negociación y consenso entre diversos actores y grupos=
de
interés, siendo esencial para la organización comunitaria y la gestión de p=
oder
y conflictos.
La política por su finalidad de lograr el bien
común, tiene un contenido ético; para Aristóteles la política es una forma =
de
moral que se debe a las personas y al bien común, que, además aborda una
situación ética en la actualidad, que como una ciencia y como parte del
desarrollo histórico del estado se ha convertido en objeto de control de la
corrupción. Mientras que si la finalidad de la política es la búsqueda del =
bien
de todos los ciudadanos; los mecanismos que se utilicen para su cumplimient=
o,
además de la mencionada postura ética, requiere de un enfoque que parta de =
la
realidad social y al mismo tiempo ayude a fortalecerla, para que se impleme=
nte
de manera efectiva. (Bracamonte, 2002)
Se debe tomar en cuenta que, el desarrollo e
implementación de políticas públicas son el reflejo de una comunidad en sus
principales ámbitos, ya sean, sociales, económicos, políticos o culturales;=
y
considerar que además que, si bien una gran parte de la sociedad se ha
constituido en actores que están a favor de los derechos y políticas sobre
género, existen también un gran porcentaje de la población que está en cont=
ra
del rumbo que ha tomado el desarrollo de identidad y legislativo en el tema=
, y
este aspecto es relevante en el avance normativo y disminución del problema
identificado.
Los problemas de la política sobre la
participación ciudadana radican en la exclusión de grupos marginalizados, la
falta de educación cívica y la desconfianza en las instituciones, lo cual
limita la representación equitativa y el compromiso activo de toda la
ciudadanía. Debido a que la participación es el fin mismo de la implementac=
ión
de política pública, las características y acciones que la rodean constituy=
en elementos
que van desde la situación socio-política en que se desenvuelve una socieda=
d a
instrumentos propios de los objetivos legales y jurídicos que se plantea el
gobierno y el estado con la implementación de normas y la construcción del
derecho. (Díaz, 2017)
Dentro de la investigación denominada
"Mujeres de lucha, mujeres en lucha" del Instituto Tricontinental=
de
Investigación Social, realizada en población de mujeres actoras directas de=
la
política, señala que no hicieron únicamente aportes significativos en el ám=
bito
político en general, además han sido precursoras en la formación de colecti=
vos
de defensa de derechos de las mujeres, marcando el rumbo en su lucha y defe=
nsa
de los derechos que tuvo auge desde el siglo pasado.
Los estudios tradicionales sobre desigualdad
dentro del ámbito político se han enfocado principalmente en analizar la br=
echa
de género, dejando frecuentemente de lado los procesos sociales que generan
esta diferencia entre mujeres y hombres. No obstante, los movimientos y
literatura feminista han resaltado la importancia de ir más allá de la simp=
le
diferenciación de sexos biológicos para interpretar comportamientos y actit=
udes
políticas; indicando que ese el enfoque adecuado para ir venciendo las
desigualdades desde la raíz social hasta la implementación de normas y
políticas. (Meriguet, 2022)
Igualdad
Según la Organización de los Estados Americanos
(2011) la igualdad es un pilar fundamental en los derechos humanos y la
justicia social, garantizando que todas las personas gocen de los mismos
derechos, oportunidades y un trato equitativo. Este principio abarca una ga=
ma
de derechos fundamentales, como el derecho de la vida digna, libertad,
educación, salud y participación plena en la sociedad. La verdadera igualdad
también exige la eliminación de toda forma de maltrato, incluyendo raza,
género, religión, orientación sexual, discapacidad u otras características
personales, asegurando así un entorno inclusivo y justo para todos.
Otro principio relevante se encuentra señalado=
en
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH,
1948), art. 1 que decreta la libertad e igual de todas las personas desde el
momento de su nacimiento; lo cual, significa que cada ser humano, sin impor=
tar
su origen, raza, género, religión o cualquier otra condición, posee el mismo
valor y merece ser tratado con respeto y justicia; lo que es crucial seguir
trabajando para lograr una sociedad más igualitaria y justa
La ONU (1945), indica que la relevancia que ti=
ene
el tratado de derechos humanos, acerca de la adopción y cumplimiento de
derechos fundamentales del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que
reafirma la fe en los derechos fundamentales, incluyendo la dignidad e igua=
ldad
que debe existir entre hombres y mujeres, y que debe manifestarse en cualqu=
ier
área de la sociedad. A pesar de los avances logrados, se reconoce la
persistencia de desafíos en la lucha contra la discriminación. Por lo tanto=
, se
subraya la importancia de continuar trabajando para alcanzar una sociedad m=
ás
igualitaria y justa, lo que refleja la necesidad de un compromiso continuo =
en
el amparo y protección de derechos, tanto a nivel nacional como internacion=
al.
El principio de igualdad de género está consag=
rado
en las Constituciones de casi todos los países, que garantiza la igualdad de
hombres y mujeres en todas las esferas de la vida. Además de esta norma de
igualdad de género, cada Carta Magna está directamente orientada a superar =
la
discriminación contra la mujer y enfatiza que la igualdad de derechos de
mujeres y hombres se garantiza brindando a las mujeres las mismas oportunid=
ades
que a los hombres en las actividades sociales, políticas y culturales, en la
obtención de educación y formación profesional, en el trabajo y en la
remuneración por el mismo, entre otros aspectos que son la raíz de la
transformación
Violencia de gé=
nero
En términos generales, la violencia prevalece =
como
un fenómeno en el comportamiento de quienes ejercen fuerza, autoridad y pod=
er
sobre las mujeres. Estas mujeres, a menudo, interiorizan dicha violencia a
través de la subordinación, intimidación, marginación y discriminación. Bajo
presión, se ven obligadas a comportarse de diversas maneras que abarcan
múltiples disciplinas como la psicología, la sociología y el derecho. La
violencia hacia las mujeres se manifiesta principalmente a través de
construcciones de género, donde las desigualdades de poder son evidentes. L=
as
relaciones de género desiguales promueven y perpetúan situaciones de violen=
cia
que se basan en la discriminación y el abuso de poder. (Ayala, 2012)
La violencia contra las mujeres es un problema
global y representa un inconveniente revelador para el avance y la paz. Est=
udio
que demuestra la falta de mecanismos para enfrentar la violencia de género,=
no
únicamente como un problema que afecta a cada persona, sino como una situac=
ión
arraigada en estructuras sociales más amplias que requiere atención y acció=
n a
nivel mundial; además de considerar que el problema se origina en la
construcción social y de cómo se han relacionado las personas social y
políticamente a través de la historia. El sistema patriarcal y de páter
familias que regían la historia no está separado de la predominancia que ti=
ene
el hombre en diferentes sectores sociales y que ha sido aprovechado para
infringir normas y vulnerar derechos. (Carnaval, 2020)
La violencia política de género afecta
desproporcionadamente a las mujeres en cargos públicos y posiciones de pode=
r.
Este fenómeno tiene secuelas nocivas tanto para la sociedad en general, como
para las mujeres de forma individual, impactando incluso en su desarrollo.
Puede manifestarse físicamente, situando en peligro la seguridad y el biene=
star
de las mujeres políticas.
Según la Constitución de la República del Ecua=
dor
(2008), en su art. 66 enumera los derechos fundamentales que tienen todas l=
as
personas en el país; señalando que cada individuo puede gozar de una serie =
de
libertades y garantías esenciales, tales como el derecho a la vida, integri=
dad
personal, igualdad ante la ley, libertad de expresión y privacidad. También=
abarca
derechos específicos relacionados con la educación, la salud, y la
participación política, entre otros, que protegen derechos básicos para el
bienestar y la dignidad de todos los ciudadanos ecuatorianos; y muestran el
compromiso del estado ecuatoriano con el amparo, protección y restauración =
de
derechos, así como la erradicación de violencia física y psicológica,
asegurando la igualdad y la dignidad para todos los ciudadanos.
La adopción y aplicación de la cuota de género=
no
garantizan necesariamente un consenso amplio sobre la existencia de la
desigualdad de género, pues, la debilidad de estas normas y falta de contro=
l en
cumplimiento de los reglamentos legales existentes ha impedido que se equil=
ibre
la balanza de candidaturas en cuanto a género. La investigación en este cam=
po
revela diversas experiencias de distinción y violencia en un argumento dond=
e la
idoneidad política debe analizarse desde una perspectiva de género. Esto
permite entender cómo las crónicas desiguales de poder afectan de manera di=
stinta
la experiencia política de hombres y mujeres. (Cerva,
2014)
La Constitución del Ecuador, garantiza una vida
libre de violencia en el ámbito público y privado, asegurando que el Estado
adopte medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia,
especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores, personas con imposibilidad y cualquier persona en un entorno de
desventaja o vulnerabilidad.
La sociedad en su conjunto, incluyendo
instituciones, organizaciones y ciudadanos, tiene un papel fundamental en
edificar una cultura que reverencie y patrocine los derechos de todas las
personas, sin importar el género o cualquier otra condición. Aunque el
reconocimiento constitucional es un paso importante, el verdadero progreso =
se
logrará mediante la implementación efectiva de medidas que transformen la
realidad de las mujeres, promoviendo una sociedad más justa y equitativa.
(Sosa, 2020)
Reconocido como el primer instrumento integro =
en
la protección de derecho de las mujeres, la CEDAW
(1979), que hace hincapié en prohibir cualquier forma de discriminación por
razón de cualquier aspecto como sexo y reconociendo la histórica desigualda=
d de
poder entre los sexos desde una perspectiva de género. Por estas razones, s=
e le
conoce como la Carta internacional de los derechos de la mujer, garantizand=
o la
eliminación de la discriminación en todas las esferas de la vida.
Según la Organización de los Estados Americano=
s ( 2011) indica que está estrechamente vinculada a la
desigualdad en múltiples áreas, como la económica, sociocultural y política.
Por lo tanto, las intervenciones y estrategias deben ser integrales, aborda=
ndo
estas dimensiones interconectadas. Esto implica implementar programas
adicionales relacionados con la generación de ingresos, vivienda y educación
para el empleo, con el objetivo de empoderar económicamente a la mujer, así
como minimizar los riesgos de que se vulneren sus derechos.
Violencia polít=
ica
Según las Naciones Unidas (1945) la violencia
política contra las mujeres se refiere a actos destinados a impedir que las
mujeres políticas ejerzan sus funciones según su conciencia y principios. D=
esde
la década de 1970, las políticas para proteger a las mujeres víctimas de ab=
uso
han avanzado gracias al movimiento feminista. Esta violencia es un muro par=
a la
participación femenina en la política, afectando su liderazgo y toma de
decisiones. Esta violación de los derechos humanos ha sido criticada por
Estados, organizaciones políticas, medios de noticia y la sociedad civil en
todo el mundo.
Un análisis reciente del liderazgo político en=
el
contexto de las percepciones de género encontró que la candidata presidenci=
al
estadounidense del año 2016 Hillary Clinton y la ex primera ministra
australiana Julia Gillard recibieron el doble de
mensajes ofensivos en redes sociales que Bernie
Sanders y Kevin Rudd, respectivamente. Además,
alrededor del 63% de las mujeres diputadas en América Latina confirmaron que
escuchan regularmente comentarios sexistas despectivos, que en su mayoría s=
on
expresadas en el parlamento por colegas varones, tanto miembros del partido
como representantes de otros partidos; inclusive algunas diputadas también
informaron que se les ofreció contacto sexual como una oportunidad para obt=
ener
ventajas en el crecimiento profesional. (García, 2017)
No obstante, a pesar de los datos negativos, al
mismo tiempo, a pesar de los abusos y la violencia en la política, cerca del
58% de las mujeres tienen intención de presentarse como candidatas o
participantes activas de la política; lo que enfatiza que la comunidad debe
oponerse al sexismo y el acoso y expresar claramente su posición, en cuanto=
a
la violencia en este sector, tales acciones son inaceptables y constituyen =
un
precio por la participación de las mujeres en la vida política. (Hernández =
et
al., 2023)
México
Los esfuerzos del gobierno mexicano para contr=
olar
la violencia contra las mujeres en la política mediante la implementación de
marcos normativos a nivel nacional, y el hecho de que este país haya
desarrollado una cantidad significativa de regulaciones en América Latina p=
ara
este propósito, es un indicador positivo de su compromiso con la protección=
de
los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, las estadísticas muestr=
an
que más del 70% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido algún tipo de
violencia de género, de las cuales, más del 16% ha sido en su vida pública.=
Un caso específico ocurrió en Chilapa, donde a
principios del 2018, durante un proceso de preselección política, la candid=
ata
a diputada del distrito, representante del partido PRD, fue asesinada,
constituyendo un caso de muerte por violencia de género. Este incidente es =
un
claro llamado a tomar conciencia y acción sobre este tipo de situaciones.
Además, señalan que los diversos procesos de descomposición social en México
reflejan desigualdades estructurales profundas arraigadas en un sistema
político misógino y un régimen corrupto. (Barrera y Cárdenas, 2016)
También se menciona que la "guerra contra=
el
narcotráfico" desplegada desde 2006, durante el periodo presidencial de
Felipe Calderón, ha resultado en una ola de violencia interna que se relaci=
ona
directamente con la violencia política de género, la desigualdad social y la
violencia derivada de los planes para frenar el narcotráfico en México. Este
incidente no es aislado, sino que refleja una descomposición social más amp=
lia,
marcada por profundas desigualdades estructurales, arraigadas en un sistema
político misógino y una red criminal exacerbada desde 2006 por el gobierno =
de
Felipe Calderón (Barrera & Cárdenas, 2016).
En México, manifiesta que la decisión original
para sancionar la violencia política contra las mujeres fue presentada en
noviembre de 2012, seguida por otros quince proyectos, que culminaron a
mediados de 2020 en la publicación de uno de los principales tratados del
distrito mexicano para la erradicación de la violencia política contra la
mujer. (Zavaleta, 2018)
El esfuerzo continuo y la evolución normativa
necesaria para abordar y sancionar esta forma de violencia específica. La
definición de violencia contra las mujeres, ampliamente aceptada, se deriva=
de
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).
Esta declaración reconoce que la violencia contra las mujeres incluye actos=
que
causan daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como la amenaza=
de
tales actos, la coacción y la privación arbitraria de libertad, tanto en la
vida pública como privada. (Cerva, 2014)
Con estos antecedentes, la participación de la mujer en la política en México se ha visto reducida a discursos y ciertos cargos que están muy lejos de constituirse en verdaderos procesos de iguald= ad y amparo de derechos políticos, lo que genera una aceptación generalizada de = esta exclusión en la sociedad. En los ámbitos social, político y mediático, se propagan narrativas que dañan la imagen de las mujeres y, en algunos casos, estas representaciones pueden incluso provocar acciones que ponen en riesgo= su integridad física y psicológica. (Cerva, 2014)<= o:p>
La implementación de la legislación sobre dere=
chos
político-electorales de las mujeres y el cumplimiento de las cuotas en Méxi=
co
establecieron un precedente fundamental que contribuyó al aumento de mujeres
electas en las elecciones de 2012. Este avance ha tenido un impacto
significativo en la posición y condición de las mujeres, como se refleja en=
el
notable incremento de diputadas.
El incremento de mujeres electas en las elecci=
ones
de 2012 se presenta como una consecuencia directa de estas políticas, lo que
subraya el impacto positivo de la legislación en la equidad de género. Este
avance no solo ha aumentado la cantidad de diputadas, sino que también ha
mejorado la posición y condición de las mujeres en la política, reflejando =
un
paso significativo hacia la igualdad de género en el sistema político mexic=
ano.
(Pénades y Sánchez, 2014)
Ecuador
El proyecto de Ley contra la Violencia Polític=
a de
Género presentado por la Asociación de Mujeres Municipalistas (Amume) en Ecuador en el año 2012 enfrentó diversos ob=
stáculos
que impidieron su aprobación, sobre todo por resistencias políticas arraiga=
das
que demuestran las percepciones tradicionales de género y la complejidad
legislativa inherente a la redacción y negociación de leyes específicas.
Además, la falta de suficiente movilización y apoyo público también limitó =
la
presión necesaria para que el proyecto avanzara. Posteriormente, en 2018, se
aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (
Según la ONU (1945) la violencia política de
género se refiere a las acciones ejercidas directa o indirectamente por una
persona o grupo contra mujeres que ocupan cargos públicos, son candidatas,
militantes, electas, designadas o defensoras de derechos humanos, feminista=
s o
líderes políticas o sociales, así como contra sus familiares; forma de
violencia que no solo busca intimidar o silenciar a las mujeres en el ámbito
político y social, sino que también limita su participación plena y efectiv=
a en
la vida pública, perpetuando desigualdades y excluyendo voces importantes e=
n la
representación democrática.
Además, la ONU muestra que existen muchos caso=
s de
mujeres que participan activamente en partidos políticos y su opinión es po=
co
tomada en cuenta en comparación con los hombres, a menos que demuestren su
valía a través de su trabajo y méritos. Se menciona que esto no es una prác=
tica
que se lleva a cabo por principio o por cumplir la ley, sino que se basa en=
el
reconocimiento del esfuerzo y logros individuales de las mujeres. Se destaca
que aquellas mujeres que han ocupado cargos públicos tienen presencia polít=
ica
y han ganado autoridad son las que tienen más posibilidades de ser escuchad=
as y
valoradas en los partidos políticos.
Esto sugiere que el acceso a la toma de decisi=
ones
en estos contextos está condicionado por la demostración de capacidad y log=
ros
individuales, lo que refleja la persistencia de barreras y desafíos para la
participación política de las mujeres. (ONU, 2019)
Con la entrada en vigor de la Constitución de
2008, destacada por su carácter garantista de derechos, se incorpora un ext=
enso
conjunto de derechos que consagra en la Carta Magna los principios del Dere=
cho
Internacional de los Derechos Humanos. Bajo la orientación del
neoconstitucionalismo, esta constitución reconoce como fundamentales los
derechos básicos de las personas para su subsistencia, reflejando así el mo=
delo
constitucional adoptado.
Junto con los avances en materia de participac=
ión
política de las mujeres y de la respuesta institucional al respecto, es pos=
ible
encontrar enormes barreras que tienen peso significativo en la forma en que=
se
difunden y se legitiman estos temas. En este sentido, se indicado la dificu=
ltad
para cumplir las diversas acciones para frenar la violencia de género en el
ámbito político, incluyendo la implementación de políticas y mecanismos de
protección más efectivos, como que el 2% del presupuesto de los partidos po=
líticos
sea destinado a capacitación en materia de género, con el objetivo de
fortalecer el conocimiento y las habilidades de quienes participan en la vi=
da
política.
La participación de la sociedad civil a través=
de
campañas y programas educativos es crucial para transformar los patrones
socioculturales arraigados. La implementación de estas medidas estatales
refleja un esfuerzo concertado para promover la igualdad de género, destaca=
ndo
a Ecuador como un ejemplo de progreso en la lucha contra la discriminación =
de
género. (Cerva, 2014)
En las ONU (1945) se ha destacado varios aspec=
tos
en relación con la discriminación política y la violencia contra la mujer, =
como
la persistencia de estereotipos de género que limitan la participación plen=
a y
efectiva de las mujeres en la política y en la toma de decisiones., que
contribuyen a la exclusión de las mujeres de los espacios de poder y a la f=
alta
de representación equitativa en los órganos gubernamentales. Además, la ONU=
ha
subrayado la incidencia de la violencia política de género, que incluye
amenazas, acoso y violencia dirigidos contra mujeres, como alarmantes.
Estos acontecimientos tienen gran impacto en la
vida política femenina, a menudo conlleva a un alto precio afectando no sol=
o su
entorno social sino también el desarrollo individual y familiar; destacando
además la importancia de abordar y mitigar los desafíos que enfrentan las
mujeres en el ámbito político, reconociendo los impactos más allá de lo
meramente individual.
En América Latina, la voluntad hacia la adopci=
ón
de la paridad política de género ha sido plasmada en el Consenso de Quito 2=
007
y el Consenso de Brasilia 2010. El primero de estos promueve consolidar este
mecanismo como política de Estado al establecer que se trata de uno de los
propulsores determinantes para construir democracias igualitarias en el ámb=
ito
político, económico y social en la región; mientras que el segundo establece
que se trata de una condición determinante de la democracia y una meta para
erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. (Albanie, 2016)
Estas declaraciones subrayan la importancia de=
la
paridad como una política de Estado esencial para la construcción de
democracias más igualitarias y para la erradicación de la exclusión estruct=
ural
de las mujeres. La adopción de estas políticas por varios países demuestra =
un
esfuerzo colectivo por mejorar la representación y participación de las muj=
eres
en el ámbito político. Este enfoque regional es un paso importante hacia la
igualdad de género y refleja un compromiso significativo con la justicia so=
cial
y la equidad democrática. (Albaine, 2016)
La imagen de la mujer en Ecuador está fuerteme= nte influenciada por la cultura española debido a la dominación y colonización.= Ana María Goetchel, en su libro "Educación e I= magen de la mujer" (2001), señala que, en el siglo XIX, al igual que en todas las épocas y lugares, la mujer era discriminada y su rol se limitaba a ser esposa y madre. Fue durante el periodo del liberalismo que las mujeres logr= aron participar en empleos públicos y, en 1929, obtener el derecho al voto, convirtiendo a Ecuador en la primera nación en América Latina en alcanzar e= sta conquista. No obstante, su aspiración principal de alcanzar plena igualdad = con los hombres no se materializó. (Parrini, 2019)<= o:p>
Se destaca cómo la imagen de la mujer en Ecuad=
or
ha sido moldeada por la influencia cultural española, producto de la domina=
ción
y colonización. El liberalismo trajo consigo avances significativos,
permitiendo a las mujeres participar en empleos públicos y obtener el derec=
ho
al voto en 1929, convirtiendo a Ecuador en el primer país en América Latina=
en
lograr este hito. Sin embargo, la lucha por la plena igualdad de género aún=
no
se ha alcanzado.
En Ecuador, con el objetivo de complementar la=
Ley
de Cuotas, la Constitución de 2008 establece en el artículo 116: Para las
elecciones pluripersonales, la ley define un sistema electoral basado en los
principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y
alternabilidad entre hombres y mujeres, y determinará las circunscripciones
electorales tanto dentro como fuera del país.
El ejemplo de la Dra. Rosalía Arteaga ilustra =
cómo
algunas mujeres han logrado obtener experiencia política a través de roles =
no
formales en la vida pública. Aunque ella misma no lo consideraba formalmente
como un cargo, su experiencia como esposa del alcalde de Cuenca le permitió
asumir responsabilidades y cumplir funciones que la prepararon para el ámbi=
to
político. Este ejemplo resalta cómo las mujeres pueden adquirir habilidades=
y
conocimientos políticos a través de diversas experiencias, incluso aquellas=
que
no son reconocidas como cargos formales. Esto destaca la importancia de
reconocer y valorar la diversidad de trayectorias y experiencias que pueden
contribuir al liderazgo político de las mujeres. (Arteaga & Sosa, 2021)=
El caso de la Dra. Rosalía Arteaga destaca los
desafíos que enfrentan las mujeres en la política, incluso cuando asumen ro=
les
prominentes. Aceptó ser compañera de fórmula del candidato Abdalá Bucaram, =
debido
a las promesas de que tendría un papel importante en la gestión de los fren=
tes
sociales. Sin embargo, estas promesas no se cumplieron, ya que Bucaram entr=
egó
el frente social a su hermano, dejando a Arteaga fuera de esa área de
influencia. Este ejemplo ilustra cómo las mujeres a menudo enfrentan obstác=
ulos
para acceder a roles de liderazgo político efectivo, a pesar de su capacida=
d y
experiencia. Además, subraya la importancia de garantizar que las mujeres
tengan un verdadero poder y participación en la toma de decisiones política=
s,
más allá de roles simbólicos o nominativos. (Arteaga & Sosa, 2021)
Como vicepresidenta, no pudo llevar a cabo gra=
ndes
obras debido al poco tiempo que estuvo en el cargo. Aunque presidía el Cons=
ejo
Nacional de Desarrollo por mandato legal, no disponía de fondos del presupu=
esto
estatal. No obstante, logró desarrollar algunos proyectos, como proporcionar
bicicletas a los niños para facilitar su asistencia a la escuela. En sus
propias palabras: "Yo diría que lo fundamental es el tema de la ética;=
no
transigir ni acepté pagos, ni que me dieran dinero". Más tarde, se ent=
eró
de que durante ese tiempo a los miembros de seguridad de la vicepresidencia=
se
les conocía como "los de la cartera".
Estos pequeños detalles, según ella misma seña=
la,
están relacionados con los estereotipos que tuvo que desafiar: "Uno de=
mis
mayores retos ha sido romper estereotipos sin adoptar actitudes
masculinas". Considera que una mujer, sin perder su feminidad, puede
liderar un país o una provincia. Otro desafío que enfrentó fue la realizaci=
ón
de obras sin fondos, ya que estuvo al frente de instituciones que carecían =
de
presupuesto, y en sus palabras, "creo que tuve éxito en eso".
El relato de la Dra. Rosalía Arteaga resalta l=
as
presiones y desafíos a los que se enfrentó durante su carrera política.
Describe cómo la mayoría de los diputados le pedían dinero o cargos a cambi=
o de
votar a su favor, así como las imposiciones del alcalde de Guayaquil. Sin
embargo, Arteaga se mantuvo firme en sus principios y decisiones, rechazando
estas demandas y manteniendo su integridad. Además, destaca cómo también
rechazó la propuesta de los jóvenes militares que querían que asumiera plen=
os
poderes, reconociendo las graves implicaciones de tal acción. Este relato
ilustra la valentía y la determinación de Arteaga para resistir la corrupci=
ón y
el autoritarismo, incluso cuando enfrentaba fuertes presiones. (Arteaga &am=
p;
Sosa, 2021)
El cierre de la presidencia de Rosalía Arteaga=
en
Ecuador estuvo marcado por su lucha contra la violencia política. Durante su
mandato, Arteaga enfrentó numerosos desafíos, entre ellos la resistencia de
ciertos sectores a su liderazgo debido a su género. Sin embargo, su
determinación y compromiso con la justicia social y la igualdad de género la
llevaron a abogar enérgicamente contra la violencia política, tanto en el
ámbito interno como internacional.
Su legado como presidenta incluye no solo sus
logros políticos, sino también su firme defensa de los derechos humanos y su
valiente postura contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres =
en
la esfera política. Aunque su tiempo en el cargo fue breve, su impacto perd=
ura
como un recordatorio del poder transformador de la voz femenina en la polít=
ica
y su capacidad para desafiar las estructuras de poder arraigadas.
DISCUSIÓN
Normativa actual
contra la violencia política en Ecuador y México
Actualmente, la violencia de género es un prob=
lema
significativo tanto en Ecuador como a nivel global. Ecuador y México han
implementado normativas para proteger a las mujeres víctimas de violencia. =
En
Ecuador, un hito importante fue la aprobación de la Ley N° 103, "Ley
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia", el 29 de noviembre de 19=
95,
resultado del esfuerzo de abogadas, juezas, grupos de mujeres y organismos
internacionales.
Ecuador sigue la pirámide kelseniana para su
sistema jurídico, colocando en primer lugar la supremacía constitucional,
seguida por Tratados y Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas y otras
normas. Sin embargo, la aplicación de estas normas a menudo se ve obstaculi=
zada
por factores culturales, lo que resalta la necesidad de esfuerzos educativo=
s y
mayor participación de organizaciones sociales.
Un gran desafío es superar las desigualdades
históricas mediante políticas de género que propicien cambios estructurales=
en
la sociedad y el Estado. Aunque la Constitución de 2008 en Ecuador ha
fortalecido los derechos de género, se requiere más que leyes; se necesitan
cambios sociales y culturales para eliminar barreras y asegurar la efectivi=
dad de
las normas. (Ruano, 2015)
El ámbito político sigue siendo un espacio
patriarcal y violento, caracterizado por el autoritarismo y la concentración
del poder. La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradica=
r la
Violencia contra las Mujeres en la Vida Política permite a los órganos
competentes, incluido el electoral, implementar "medidas de protección=
y
cautelares" ante riesgos inminentes, además de ofrecer medidas de
reparación integral. (Comisión Interamericana de Mujeres, 2017)
Existe necesidad de abordar los casos de
vulneración de derechos en el ámbito político de manera efectiva, ante ries=
gos
inminentes y ofrecer medidas de reparación integral, buscando que la
participación de mujeres sea igualitaria con referencias a la participación=
masculina,
pero además de eso, se de en un entorno de seguridad y protección de sus
derechos; lo que lleva a avances o reformas legislativas nuevamente. (Loor,
2022)
La CDPM (1954), Co=
mo el
primer compendio normativo sobre el amparo y protección de derechos de la m=
ujer
en la política, declara que es un derecho inalienable la votación y
participación en procesos electorales; así como también ocupar cargos públi=
cos,
con protección legal y normativa que dé el mismo estatus a las mujeres que a
los hombres. Si bien en el estado ecuatoriano, la aplicación de regulaciones
constitucionales y políticas públicas ha aumentado la participación femenin=
a en
política, aunque persisten factores discriminatorios que reproducen la
violencia política de género; aunque, las regulaciones buscan garantizar es=
tos
derechos, las mujeres aún reciben mucha violencia en el campo político. (Le=
ón,
2023)
Es urgente que se realicen reformas normativas=
en
el ámbito internacional, para desarrollar principios legislativos que reduz=
can
actos que impiden la plena participación femenina en la política. En este
sentido, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing fue un ava=
nce
gigantesco en favor de la igualdad, que se plasmó en la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing. Aunque no vinculante, esta declaración es
crucial para visibilizar los derechos de las mujeres en diversas esferas,
incluyendo la política, donde se enfatiza la importancia de que las mujeres
tomen decisiones y ejerzan el poder. (León, 2023)
La falta de educación básica y secundaria está
asociada a la violencia psicológica y física en el ámbito familiar, limitan=
do
la actividad laboral de las mujeres y generando dependencia económica y
emocional, factores que perpetúan la violencia. La participación política d=
e las
mujeres es esencial para superar los factores excluyentes y discriminatorios
que las marginan. Su representación es una precondición para una agenda púb=
lica
inclusiva y legítima, que refleje los intereses de toda la sociedad.
La Convención de Belém do Pará, adoptada por e=
l MESECVI en 2016, representa un marco de referencia cr=
ucial
para regular medidas necesarias destinadas a eliminar cualquier vulneración=
de
derechos de la mujer en la política, considerando que la violencia de géner=
o es
un retraso en acción política, es perjudicial para los procesos democrático=
s e
impide el avance de la gobernabilidad en un estado de derecho. Este enfoque
resalta la necesidad de acciones concretas y coordinadas a nivel interameri=
cano
para abordar este problema y garantizar la igualdad y la participación plen=
a de
las mujeres. (Sabrina, 2019)
En México, la ineficacia del estado para
garantizar justicia a las víctimas de violencia en la política contribuye a=
la
revictimización y menoscaba sus derechos. Los estereotipos difundidos por l=
os
medios de comunicación crean un "techo de cristal" que dificulta =
la
participación política equitativa de las mujeres; evidenciando la necesidad
urgente de reformas legislativas y culturales para alcanzar cambios
significativos. (Duarte, 2019)
En Ecuador, aunque la aplicación de regulacion=
es
constitucionales y políticas públicas ha incrementado la participación feme=
nina
en la política, aún persisten factores discriminatorios que perpetúan la
violencia política de género. A pesar de que estas regulaciones están diseñ=
adas
para garantizar la igualdad de participación, la violencia de género sigue
siendo una barrera significativa que limita el pleno ejercicio político de =
las
mujeres. Este análisis subraya la necesidad de abordar de manera integral n=
o solo
las políticas, sino también las actitudes y prácticas sociales que mantienen
estas desigualdades.
La CEDAW (1979) se=
ñala
que la erradicación de la violencia contra las mujeres en la política es una
prioridad para garantizar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en
todos los niveles de toma de decisiones; y su comité de control internacion=
al
en materia de derechos de las mujeres, supervisa la implementación de estas
normativas y recomienda a los estados miembros adoptar medidas legislativas=
y políticas
concretas para prevenir, sancionar y eliminar cualquier formas de violencia
política de género; además del apoyo adecuado a las mujeres que sufren
violencia política, asegurando así un entorno seguro y equitativo para la
participación femenina en la vida pública. (Del Pozo et al., 2021)
La Resolución 66/130 de la Asamblea General de=
la
ONU que trata y emite un conglomerado de principios de derecho en favor de =
las
mujeres y su participación en política, recomienda a los estados promover la
participación política de las mujeres, acelerar la igualdad de género y
proteger los derechos humanos de las mujeres en todas las circunstancias,
incluidas las de transición política. (ONU, 2012)
Las primeras estrategias, del estado mexicano,
formuladas por medio de políticas para disminuir la violencia de genero se
desarrollaron en la década de los setenta gracias a la presión del movimien=
to
feminista, que denunció la violencia sexual principalmente en medios de
comunicación y manifestaciones, y en menor medida desde la academia. (Diaz,
2017)
La LOIPEVM (2018) =
que
tiene como objetivo garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derec=
hos
políticos y que su participación se dé bajo el amparo de la constitución
nacional, especialmente en cargos gubernamentales, representa el instrumento
básico y tiene el potencial de ser un punto focal en el proceso de
transformación cultural y normativa para garantizar mejoras en los procesos
políticos y reducir las situaciones negativas que persisten en el ámbito de
género político; pero, es importante
incorporar mecanismos específicos de protección y apoyo para las
mujeres, y capacitación para los actores políticos y sensibilización de la
sociedad en general. (pág. 34)
CONCLUSIÓN
La persistencia de barreras culturales y ester=
eotipos
en Ecuador y México evidencia un problema profundamente arraigado en la
sociedad, que obstaculiza la implementación efectiva de las normativas sobre
violencia de género. En Ecuador, estas barreras culturales dificultan la
aplicación de las normativas internacionales, limitando el alcance de las
protecciones legales disponibles para las mujeres. En México, los estereoti=
pos
misóginos no solo afectan la percepción pública, sino que también influyen =
en
la administración de justicia, perpetuando una cultura de violencia de géne=
ro y
discriminación sistemática.
Para superar estos obstáculos, se requiere un
enfoque educativo y cultural que desafíe y transforme las percepciones y
actitudes profundamente arraigadas en la sociedad. Esto implica la
implementación de programas educativos que moldean a las personas para el
cumplimiento de los derechos, desde los primeros años, así como la capacita=
ción
continua de funcionarios públicos y judiciales para cumplir de la manera más
efectiva sus funciones para la protección de derechos y la erradicación de
estereotipos de género en los distintos sectores.
Ambos países reconocen la persistencia de la
discriminación contra las mujeres, subrayando la necesidad de medidas y
políticas específicas para abordar este problema, derivado de desigualdades
históricas y estructurales. En Ecuador y México, se enfatiza la importancia=
de
la participación activa de la sociedad civil para transformar patrones
socioculturales y promover la igualdad de género. La colaboración entre
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y activistas es
crucial para diseñar e implementar estrategias efectivas que combatan la
violencia en contra de la mujer en cualquiera de sus manifestaciones.
La violencia de género en la política no solo
tiene un impacto devastador en las mujeres que son sus víctimas directas, s=
ino
que también afecta a otras mujeres y a la sociedad en su conjunto. Esta
violencia es desmoralizadora, reduciendo la probabilidad de que las víctima=
s se
postulen para cargos públicos y provocando que abandonen los cargos polític=
os
más rápidamente. Además, la violencia de género no se limita a estadísticas=
; se
trata de mujeres que viven con miedo e impotencia, enfrentando agresiones
físicas, psicológicas y simbólicas que socavan su participación política y =
su
acceso a la justicia.
Es importante entender que la violencia en con=
tra
de la mujer en el ámbito político afecta los procesos democráticos y el
desarrollo de una sociedad equitativa. La falta de representación femenina =
no
solo priva a las mujeres de sus derechos políticos, aspectos positivos prop=
ios
de la diversidad en la acción política. Para construir una democracia
verdaderamente representativa, es esencial garantizar un entorno seguro y
equitativo donde la participación de la mujer se desarrolle de forma segura=
y
garantizando la protección de sus derechos.
Podemos concluir, que la erradicación de la
violencia de género en la política en Ecuador y México requiere un compromi=
so
sostenido y multifacético que incluyan reformas legales, cambios culturales=
y
educativos, y una firme voluntad política sobre promoción y protección de l=
os
derechos de la mujer. Solo a través de estos esfuerzos conjuntos se puede
lograr una participación política equitativa y una sociedad más justa para =
todos.
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