LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2205.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2771
El derecho a la identidad como derecho humano y su relación
con la exclusión de la “Pensión para el Bienestar” en adultos
mayores pobres
The right to identity as a human right and its relationship with the
exclusion of the “welfare pension” in poor older adults
María Daniela Rosas García
maria.rosas@academicos.udg.mx
https://orcid.org/0000-0003-2518-999X
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Tonalá
Tonalá México
Claudia Liliana Vázquez Juárez
claudia.vazquez5425@academicos.udg.mx
https://orcid.org/0000-0002-0932-0110
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Tonalá
Tonalá México
Artículo recibido: 20 de septiembre de 2024. Aceptado para publicación: 09 de octubre de 2024.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Esta investigación analiza las repercusiones del incumplimiento del derecho a la identidad en las
personas adultas mayores, particularmente aquellas en situación de pobreza que carecen de
documentos oficiales. Estas personas, al no contar con acta de nacimiento u otros documentos de
identidad, quedan excluidas de la “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”, un programa de
apoyo no contributivo fundamental para su subsistencia. El estudio se enfocó en los casos de dos
adultos mayores, de 84 y 94 años, quienes residen en una colonia popular de Guadalajara, Jalisco. A
través de la exploración de sus historias de vida, se profundiza en cómo la falta de identidad legal ha
derivado en su marginación de los programas gubernamentales, lo que ha incrementado su
dependencia y vulnerabilidad. Esta carencia no solo constituye una violación a su derecho
fundamental a la identidad, sino que también los priva de acceder a otros beneficios sociales
destinados a mejorar su calidad de vida en su vejez. La pérdida de sus documentos de identidad,
combinada con la complejidad de los trámites para su recuperación, agrava su situación al impedirles
acceder no solo a la pensión, sino a otros programas sociales que podrían aliviar su condición de
vulnerabilidad. El problema radica en la necesidad imperiosa de fortalecer y ajustar las políticas
públicas para facilitar la restitución de la identidad legal en los adultos mayores, asegurando que
puedan ejercer plenamente sus derechos y acceder a los apoyos sociales a los que tienen derecho.
Palabras clave: derecho humanos y derecho a la identidad, exclusión social, pensión no
contributiva, adultos mayores, pobreza
Abstract
This research examines the repercussions of the failure to uphold the right to identity for elderly
individuals, particularly those living in poverty who lack official documents. These individuals, without
a birth certificate or other identity documents, are excluded from the “Pensión para el Bienestar de los
Adultos Mayores”, a non-contributory support program that is essential for their subsistence. The
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2206.
study focuses on the cases of two elderly individuals, aged 84 and 94, who reside in a low-income
neighborhood in Guadalajara, Jalisco. By exploring their life stories, the study delves into how the
absence of legal identity has led to their marginalization from government programs, increasing their
dependence and vulnerability. This lack of identity not only constitutes a violation of their fundamental
right to identity but also deprives them of access to other social benefits aimed at improving their
quality of life in old age. The loss of their identity documents, combined with the complexity of the
procedures to recover them, exacerbates their situation by preventing them from accessing not only
the allowance but also other social programs that could alleviate their vulnerability. The core issue lies
in the urgent need to strengthen and adapt public policies to facilitate the restoration of legal identity
for the elderly, ensuring that they can fully exercise their rights and access to the social support they
are entitled to.
Keywords: human rights, right to identity, social exclusion, non-contributory pension, older
adults, poverty
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Cómo citar: Rosas García, M. D., & Vázquez Juárez, C. L. (2024). El derecho a la identidad como
derecho humano y su relación con la exclusión de la “Pensión para el Bienestar” en adultos mayores
pobres. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (5), 2205 2216.
https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2771
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2207.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la cantidad de población adulta mayor a nivel global ha aumentado de forma
acelerada, en México se calcula que, para finales de 2024, las personas adultas mayores representarán
el 12% de la población total. Aunado a lo anterior, un 17.7% de la población adulta mayor en México
carece de acceso a la seguridad social, dejándolos sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades
básicas (DOF, 2023). Conforme a las proyecciones de población vigentes, publicadas en agosto de
2023 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), al primero de enero de 2024, hay en Jalisco 8
millones 778 mil 827 habitantes, de los cuales el 50.7% (4´447,123) son mujeres y el 49.3% (4´331,704)
hombres. A inicio de año, la población femenina supera a la masculina con 115 mil 419 personas, lo
que significa que hay 103 mujeres por cada 100 hombres en el estado.
Ante esta realidad, la seguridad social es esencial para lograr la supervivencia y mejor calidad de vida
de la población. La seguridad social es entendida como “el conjunto de mecanismos diseñados para
garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como
accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez o el
embarazo” (CONEVAL, 2021, p.20). Así, dichos beneficios se han enfocado en población considerada
como vulnerable, contemplando a las personas adultas mayores. Dentro de este cúmulo de beneficios
se encuentran las pensiones, ya sean contributivas o no.
En México han existido diversos cambios con respecto al acceso a las pensiones, según Vivaldo (2023)
sus inicios datan del siglo XIX, donde las pensiones estaban relacionadas con las mutualistas, que
fueron precursoras de la protección de los trabajadores. Posteriormente, se procuró agregar las
pensiones como un derecho laboral, teniendo su primer registro en 1824 en Guanajuato donde se
brindaban pensiones exclusivas para soldados y sus familiares. Después, en el siglo XX, se crea la Ley
de Pensiones Civiles y de Retiro, durante el o 1925, en donde se establece la protección de los
trabajadores del Estado. Así, fue evolucionando la legislación al respecto, hasta que en el año 1943 se
introdujo la Ley del Seguro Social, donde se incluía la pensión por invalidez y vejez. Este sistema no fue
sostenible durante mucho tiempo, dadas las crisis relacionadas al aumento del envejecimiento
poblacional, así como la falta de apoyo por parte del gobierno y los empleadores de proteger a sus
trabajadores. Ya en el siglo XXI, se crearon reformas enfocadas a los sistemas de capitalización
individual, se creó el AFORE y la pensión universal, no contributiva, destinada a personas mayores de
68 años, quienes no contaban con una pensión contributiva, siendo un avance en materia de protección
social en México.
El acceso a las pensiones contributivas es diverso ya que existen procesos que subyacen su obtención.
Como ejemplo, se encuentran las diferencias de género, ya que la mayoría de mujeres se dedicaron al
cuidado de otros y al trabajo doméstico, sin recibir remuneración, resultando en una dependencia de
las pensiones de sus parejas, o de los recursos de sus familias para sobrevivir (Cardona Acuña, 2013).
En políticas recientes se ha modificado la edad para acceder a estas pensiones no contributivas,
contemplando personas adultas mayores a partir de los 65 años de edad, quienes no lograron acceder
a una pensión contributiva, para posteriormente extenderse a toda la población adulta mayor (Sánchez
Aguilera y Rodríguez Gómez, 2020). Por ello, en México en la actualidad, se encuentra la “Pensión para
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” programa promovido por el Gobierno actual con el
propósito de fortalecer la protección social para personas de 65 años o más, otorgándoles un apoyo
económico de $6,000 pesos cada dos meses. A diferencia de otros programas de bienestar, este
beneficio tiene respaldo constitucional, lo que significa que el Estado mexicano está obligado a
garantizar su entrega, sin que dependa de las autoridades o administraciones que estén en el poder
(Gobierno de México, s.f.). Si bien este tipo de apoyos han ayudado a un sector desfavorecido de la
población, existen diversos elementos a tomar en cuenta para el acceso a los apoyos sociales.
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2208.
Existe una gran diversidad con respecto al proceso de envejecimiento y el acceso a la seguridad social,
según la formalidad o informalidad en el trabajo, así como la clase social, formación académica y
género. Aunado a las diversas características de las personas adultas mayores, ya que para acceder a
dichos programas sociales es necesario contar con una identidad jurídica y que esta pueda ser
comprobada.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tienen derecho al reconocimiento legal,
por lo que los estados deben establecer leyes y sistemas que aseguren este reconocimiento (Đokov
et al., 2019). El derecho a la identidad, constituido en el artículo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es esencial para el reconocimiento jurídico y social de una persona, lo cual
le confiere derechos y responsabilidades (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH],
2022). Este derecho permite que el Estado reconozca a los ciudadanos, otorgándoles beneficios y
derechos fundamentales.
En comunidades marginadas o en situaciones de pobreza extrema, es común que algunas personas
mayores no cuenten con estos documentos debido a diversas razones, como el aislamiento
geográfico, la falta de acceso a servicios de registro civil, o incluso la falta de conocimiento sobre la
importancia de estos documentos. Esto genera una situación de exclusión, ya que, al no poder
demostrar su identidad, estas personas quedan fuera del sistema de protección social, incluyendo el
acceso a la Pensión para el Bienestar.
También “La Agenda 2030” establece en la meta 16.9 el derecho a la identidad para ejercer los
derechos fundamentales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018). Se ha dado mayor
énfasis en la infancia, pues el proceso de registro de nacimiento es crucial, ya que garantiza el
reconocimiento administrativo de la existencia y personalidad jurídica del individuo (INEGI & UNICEF
México, 2018). No obstante, se ha descuidado lo referente al derecho a la identidad en otras etapas
de la vida, como lo es la vejez.
A pesar de que el registro de identidad se realiza desde la infancia, muchas personas pierden el acceso
a los documentos que acreditan la misma. Este problema ha sido reportado entre individuos que
migraron ilegal o forzadamente, aquellos que viven en regiones de bajos ingresos o en situación de
indigencia (Clark et al., 2023; Dávila López, 2023; Kmak, 2020). Sin embargo, un grupo menos estudiado,
en cuanto a la falta de documentos de identidad y sus implicaciones, es el de los adultos mayores en
condiciones de pobreza y exclusión.
Los datos recientes del Banco Mundial revelan que mil millones de personas carecen de
documentación de identidad reconocida, lo que impide probar legalmente quiénes son. Esto demuestra
el retraso en proporcionar un acceso fundamental a derechos y oportunidades básicos (Đoković et al.,
2019).
En México, como en muchos países en desarrollo, la vejez trae consigo diversos desafíos, y uno de los
más significativos es la pobreza de este grupo de población. En 2020, el 37.9% de los adultos mayores
en México vivía en condiciones de pobreza, y el 6.7% en pobreza extrema (CONEVAL, 2021). Quienes
más padecían esta condición eran aquellos sin ingresos por jubilación o con empleos de bajos
ingresos, volviéndose particularmente vulnerables, dando especial importancia al acceso a los
recursos disponibles para mejorar sus condiciones de vida.
Si bien, como se mencionó anteriormente, en México se han creado programas sociales como la
pensión no contributiva, en la actualidad Pensión para el Bienestar, para mitigar las condiciones de
pobreza y vulnerabilidad de la población adulta mayor, es cierto que, muchos no pueden acceder a
estos apoyos debido a la falta de documentos de identidad, lo que evidencia la importancia crucial de
estos documentos para acceder a políticas sociales (Fuentes Vera, 2013).