LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2207.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la cantidad de población adulta mayor a nivel global ha aumentado de forma
acelerada, en México se calcula que, para finales de 2024, las personas adultas mayores representarán
el 12% de la población total. Aunado a lo anterior, un 17.7% de la población adulta mayor en México
carece de acceso a la seguridad social, dejándolos sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades
básicas (DOF, 2023). Conforme a las proyecciones de población vigentes, publicadas en agosto de
2023 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), al primero de enero de 2024, hay en Jalisco 8
millones 778 mil 827 habitantes, de los cuales el 50.7% (4´447,123) son mujeres y el 49.3% (4´331,704)
hombres. A inicio de año, la población femenina supera a la masculina con 115 mil 419 personas, lo
que significa que hay 103 mujeres por cada 100 hombres en el estado.
Ante esta realidad, la seguridad social es esencial para lograr la supervivencia y mejor calidad de vida
de la población. La seguridad social es entendida como “… el conjunto de mecanismos diseñados para
garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como
accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez o el
embarazo” (CONEVAL, 2021, p.20). Así, dichos beneficios se han enfocado en población considerada
como vulnerable, contemplando a las personas adultas mayores. Dentro de este cúmulo de beneficios
se encuentran las pensiones, ya sean contributivas o no.
En México han existido diversos cambios con respecto al acceso a las pensiones, según Vivaldo (2023)
sus inicios datan del siglo XIX, donde las pensiones estaban relacionadas con las mutualistas, que
fueron precursoras de la protección de los trabajadores. Posteriormente, se procuró agregar las
pensiones como un derecho laboral, teniendo su primer registro en 1824 en Guanajuato donde se
brindaban pensiones exclusivas para soldados y sus familiares. Después, en el siglo XX, se crea la Ley
de Pensiones Civiles y de Retiro, durante el año 1925, en donde se establece la protección de los
trabajadores del Estado. Así, fue evolucionando la legislación al respecto, hasta que en el año 1943 se
introdujo la Ley del Seguro Social, donde se incluía la pensión por invalidez y vejez. Este sistema no fue
sostenible durante mucho tiempo, dadas las crisis relacionadas al aumento del envejecimiento
poblacional, así como la falta de apoyo por parte del gobierno y los empleadores de proteger a sus
trabajadores. Ya en el siglo XXI, se crearon reformas enfocadas a los sistemas de capitalización
individual, se creó el AFORE y la pensión universal, no contributiva, destinada a personas mayores de
68 años, quienes no contaban con una pensión contributiva, siendo un avance en materia de protección
social en México.
El acceso a las pensiones contributivas es diverso ya que existen procesos que subyacen su obtención.
Como ejemplo, se encuentran las diferencias de género, ya que la mayoría de mujeres se dedicaron al
cuidado de otros y al trabajo doméstico, sin recibir remuneración, resultando en una dependencia de
las pensiones de sus parejas, o de los recursos de sus familias para sobrevivir (Cardona Acuña, 2013).
En políticas recientes se ha modificado la edad para acceder a estas pensiones no contributivas,
contemplando personas adultas mayores a partir de los 65 años de edad, quienes no lograron acceder
a una pensión contributiva, para posteriormente extenderse a toda la población adulta mayor (Sánchez
Aguilera y Rodríguez Gómez, 2020). Por ello, en México en la actualidad, se encuentra la “Pensión para
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” programa promovido por el Gobierno actual con el
propósito de fortalecer la protección social para personas de 65 años o más, otorgándoles un apoyo
económico de $6,000 pesos cada dos meses. A diferencia de otros programas de bienestar, este
beneficio tiene respaldo constitucional, lo que significa que el Estado mexicano está obligado a
garantizar su entrega, sin que dependa de las autoridades o administraciones que estén en el poder
(Gobierno de México, s.f.). Si bien este tipo de apoyos han ayudado a un sector desfavorecido de la
población, existen diversos elementos a tomar en cuenta para el acceso a los apoyos sociales.