LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2013.
INTRODUCCIÓN
América Latina se halla en un momento histórico determinante, de gran relevancia para las demás
naciones que ven con atención los avances significativos en materia política, social, económica y
comercial (Carrera, 2020). Prueba de ello es la alianza conformada en el año 2011 por Chile, Colombia,
México y Perú, denominada “Alianza del Pacífico” que procura ser un instrumento de articulación
política y un mecanismo de cooperación e integración económica y comercial, que sienta las bases
para avanzar de forma progresiva hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas
(Alianza del Pacífico, 2012).
En materia económica, estos países han venido atravesando un proceso evolutivo en cuanto a la
administración de sus recursos económicos, mostrando no solamente su crecimiento en el Producto
Interno Bruto (PIB) sino, además, el avance en la gestión pública para contribuir al desarrollo de la
sociedad. No obstante, en los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico persisten múltiples
deficiencias en torno a la efectividad de los sistemas tributarios que rigen en cada uno de ellos, lo cual
impacta en la capacidad gubernamental para hacer frente a los déficits sociales y de infraestructura.
Así se desprende de las afirmaciones de Chávez y López (2019) cuando al hacer referencia al caso de
México señala la necesidad de replantear el sistema tributario vigente, a fin de reducir el déficit fiscal
y afrontar la disminución de los ingresos petroleros, a consecuencia de la caída de los precios
internacionales y la reducción en la producción de hidrocarburos. Los señalamientos de los autores
guardan relación con la baja recaudación tributaria en ese país, la cual, en promedio, apenas alcanza
el 0,2 % del PIB, mientras que la recaudación en el Reino Unido y Estados Unidos representa el 3.15% y
el 2,76% respectivamente (Unda, 2018) y es coherente con lo advertido por Obregón-Angulo y Tamez-
Garza (2020) cuando manifiestan que:
La inestabilidad de las normas tributarias, su falta de claridad, la complejidad, las injusticias, impunidad
y corrupción son las justificaciones para la resistencia del contribuyente a pagar los tributos, el que los
contribuyentes no tengan credibilidad en las autoridades fiscales y en los tribunales del país, ocasionan
la falta de pago en nuestro país. (Obregón-Angulo & Tamez-Garza, 2020, p. 287)
Similares planteamientos también son debatidos en Chile; país en el que, según Macarena (2020), se
ha institucionalizado el debate en torno a la importancia de incrementar las cargas tributarias y crear
nuevos impuestos, entendidos estos como mecanismos para corregir la elevada desigualdad social.
Estos planteamientos pretenden posicionar, de manera preferente, el rol distributivo de los impuestos
en detrimento de otros igualmente relevantes.
En el ámbito colombiano, la situación no es diferente al haberse evidenciado serias y cuestionables
asimetrías respecto a la reciprocidad entre los entes involucrados, así como las múltiples desviaciones
del erario (Carrera, 2020); temas estos que han generado un profundo y permanente debate por las
graves consecuencias que pudieran surgir en el caso de que no se apliquen los correctivos necesarios.
En el contexto peruano, Saavedra y Delgado (2020), afirman que la recaudación tributaria como
instrumento de gestión de los diferentes niveles de gobierno, siempre ha dado lugar a la controversia
ya que, en muchos casos, su cumplimiento se hace de manera abusiva y desproporcionada; mientras
que la gran mayoría de la población evade sus obligaciones fiscales, bien sea recurriendo a artimañas
derivada de la falta de cultura tributaria, o simplemente por las ineficiencias en la gestión de cobro por
parte de los entes de gobierno. Según los citados autores, en ese país hay dos casos emblemáticos
que ilustran tales afirmaciones: por una parte, el conflicto entre comerciantes ambulantes y los
formales (principalmente en Lima y otras ciudades); y, por otra parte, la debilidad del Estado peruano
para cobrar impuestos justos a las grandes transnacionales.